La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de condena de 6 años de prisión para la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar por la supuesta compra de obra falsa de Gerardo Rueda, pero reduce a prácticamente la mitad la responsabilidad civil que atribuye a los tres acusados, de 3,4 a 1,8 millones de euros.
Esta rebaja en la cantidad supuestamente expoliada al IVAM se debe a que nuevos informes realizados sobre toda la obra de Rueda que consta en el museo valenciano concluyen que “no todo fueron reproducciones”, sino que, junto a las obras adquiridas por el IVAM, José Luis Rueda donó otras muchas que “sí son originales”.
Se mantienen asimismo las peticiones de condena de 5,5 años para el exresponsble de administración del IVAM Juan Carlos Lledó, y de 5 años para el hijo adoptivo del escultor madrileño como autores, al igual que Ciscar, de delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.
El Ministerio Público ha modificado sus conclusiones en la que se prevé que sea la penúltima sesión del juicio contra estos tres acusados por la compra de reproducciones consideradas no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda.
La fiscal ha insistido en que, para la adquisición de obras de arte, son preceptivos informes sobre la idoneidad y sobre el precio, y ninguno de ellos se ha emitido en este caso. Las comisiones ni se reunieron ni se acordó nada, sino que “simularon la celebración de esa reunión”, ha agregado.
“El único trámite preceptivo para la compra de obras no se celebró”, ha subrayado la fiscal en varias ocasiones en referencia a la reunión de la comisión de adquisiciones, de modo que, ha afirmado, “los expedientes que obran en la causa son simulados”.
“Los miembros del consejo rector no tenían las fotos de las obras que se iban a comprar -según el fiscal-, y en el acta se transcriben todas las cláusulas del contrato salvo la necesidad de fundir las obras, puesto que no existían”.
Sobre lo que la fiscal ha considerado “la parte más complicada del proceso”, es decir, el supuesto sobrecoste ilícito de las obras y su discutida originalidad, la fiscal Virginia Abad ha afirmado: “No discutimos los derechos que tiene el heredero de reproducir las obras, sino el valor de la obra creada cuando el heredero la reproduce sin respetar la voluntad del artista".
"Concluimos que esas obras no tienen ningún valor o que, en cualquier caso, como dijo Vicent Todolí -ex director artístico del IVAM y testigo en este juicio-, la autoría es de quien ejecuta, es decir, el hijo de Rueda”.
Sobre la posible consideración de las obras como “póstumas”, la fiscal ha apuntado que “se cambia el material y el tamaño” de las piezas compradas por el IVAM respecto a los bocetos que dejó su autor y “no hay instrucciones claras del artista”.
Asimismo, ha subrayado que, “como consideran los expertos, se trata de reproducir la idea o la voluntad del artista de acuerdo a ciertos criterios deontológicos, de buenas prácticas, como existen en muchas profesiones. La capacidad de crear no se transmite”.
Con esta posición la fiscal ha considerado que ni mucho menos “todas las obras póstumas que se exhiben en los museos son falsas, sino que han de cumplir criterios que ya existen y son claros”.
Muchos de los bocetos que "inspiraron" las piezas compradas por el IVAM “miden centímetros, 30 o 40 como mucho, y están hechos en madera”, ha insistido la fiscal para denunciar la supuesta ilegitimidad de piezas que posteriormente fueron fundidas o montadas en piezas metálicas de gran formato, algunas de ellas pintadas.
