La asociación Élite Taxi ha avisado de que el estudio promovido por el Ayuntamiento hispalense para un "análisis, diagnóstico económico y de viabilidad del servicio de auto-taxi" y de los vehículos de transporte concertado (VTC), así como de "rediseño de la imagen y propuesta de estrategias para la potenciación de los taxis" no puede servir para "justificar rescates de licencias cuando lo que sobran son autorizaciones de los VTC" que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, ni para que tales vehículos sigan operando en el ámbito urbano más allá del 30 de septiembre.
Mientras el edil de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, defiende que la idea de dicho estudio es "conocer el comportamiento actual de la demanda del servicio del taxi y la evolución previsible para poder llevar a cabo una ordenación, planificación y gestión adecuada a las necesidades de los usuarios y titulares de las licencias", Élite avisa de que son "muchos los interrogantes que sobrevuelan a la necesidad y oportunidad de este estudio, impulsado desde las asociaciones tradicionales Unión Sevillana y Solidaridad del Taxi", opinando que es "la cara visible del plan de rescate de licencias de taxi que estas propugnan" en relevo del plan ya acordado en 2016.
Recordando el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía contrario a continuar con los rescates de licencia a cambio de dinero publico, la asociación ha considerado que Unión Sevillana y Solidaridad, "en su obcecación por seguir rescatando licencias, han forzado para que el ayuntamiento haga este estudio para poder acreditar ese interés público", toda vez que "rescatar licencias supone reducir la flota de taxis operativa" cuando lo necesario es "que se retiren las VTC que sobran" al objeto de cumplir la ratio 1/30. "Después se podrá valorar si hay que rescatar licencias de taxi", indica la asociación.
"Los constantes incumplimientos del Consistorio de las promesas que ha realizado al sector para controlar la actividad de los vehículos que operan como taxis para Uber y Cabify hacen dudar de que exista un propósito sincero de protección de este servicio, declarado de interés general por el Tribunal Supremo, frente al intrusismo y competencia desleal de estas multinacionales disruptivas", agrega Élite Taxi Sevilla, acusando al Gobierno local de "permitir que los VTC infrinjan tanto las ordenanzas de tráfico como las normas de transporte en una especie de estrategia de hechos consumados".
EL PLAZO DE SEPTIEMBRE
Y mientras en septiembre de este año finaliza el plazo estipulado por el real decreto Ley de 2018 por el que el Gobierno central traspasaba la gestión y regulación de VTC a las autonomías y ayuntamientos, para que los mismos regulasen las características y condiciones de sus servicios para limitar el número de estos coches de empresas como Uber y Cabify; Élite critica que "Cabrera ya hable de regular el número de licencias a otorgar a los VTC y de tomar decisiones sobre la convivencia de taxi y VTC". "Parece evidente que da por sentado que seguirán dando servicios urbanos", avisa.
Ello, cuando "la Junta de Andalucía no ha desvelado sus intenciones, por mucho que sea de prever que el PP andaluz cometa el mismo atropello que en Madrid. Es decir, que realice una reforma exprés de la normativa autonómica de transportes para dar cobertura legal a la prolongación de las autorizaciones de Uber y Cabify para la prestación de servicios urbanos más allá del 30 de septiembre".
Por eso, la asociación pide al edil que "espere a conocer en qué términos va a regular la Junta de Andalucía, pues solo a partir de ese momento estará en condiciones de saber hasta dónde puede llegar el Ayuntamiento".
Así, la asociación advierte de que el mencionado estudio de viabilidad, "no puede servir para justificar rescates de licencias de taxi cuando lo que sobran son autorizaciones de VTC, ni puede ser una herramienta en manos de la Administración Local para justificar que Uber y Cabify puedan seguir operando como VTC más allá del 30 de septiembre".
LA REGULACIÓN
Ello, cuando la provincia de Sevilla contabiliza al comenzar este mes de enero 2.349 licencias de taxi y 455 licencias para vehículos de transporte concertado, según el recuento mensual del Ministerio de Transportes recogido por Europa Press, toda vez que en enero de 2020, antes de comenzar la pandemia de coronavirus Covid-19 y la nueva crisis derivada de la misma, con una fuerte incidencia en el sector de la movilidad, el citado registro arrojaba 2.331 autorizaciones para taxi en la provincia y 324 para VTC.
Tiempo atrás, recordémoslo también, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.
Principalmente, el decreto incorpora la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda, para así abaratar el coste de los trayectos.
En paralelo, la Junta de Andalucía está en conversaciones con los representantes del sector de las compañías de vehículos de transporte concertado, muchas de las cuales operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, al objeto de crear una regulación específica de dicho sector en Andalucía.
PETICIÓN A LA JUNTA
Respecto a este último aspecto, el gremio de taxistas de Sevilla viene reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluya un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas.
Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación estatal de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
En paralelo, los taxistas de Sevilla capital están reclamando la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector.
EL RESCATE DE LICENCIAS
En concreto, en aquel año fue acordado el rescate de 140 licencias de taxi a razón de 70.127 euros a abonar a cada taxista que renunciase a su licencia, para "la viabilidad económica de un sector especialmente afectado por la crisis y para ajustar la oferta a la demanda", sobre todo en estas circunstancias de irrupción de nuevas modalidades de movilidad urbana.
Empero, mientras el Ayuntamiento hispalense estudia fórmulas para cumplir dicha petición, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía recogido por Europa Press señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales "podría no encontrar justificación" en materia de "interés general", al haber "variado sustancialmente las circunstancias socio económicas" a partir de las cuales fue impulsada dicha política.
En ese sentido, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, exponía recientemente que se ha "planteado la alternativa" de un procedimiento de tanteo y retracto de las licencias, para lo cual media un proceso destinado a "determinar el valor de las licencias", mediante un estudio actualmente en contratación.
