Los fiscales superiores de las comunidades autónomas apuran el plazo, que vence hoy, para remitir a la Fiscalía General sus informes con las denuncias y querellas en curso sobre abusos sexuales a menores en instituciones religiosas, cuando aún resta casi la mitad de las regiones por enviar sus documentos.
En su oficio del pasado 31 de enero, el Ministerio Público daba un plazo de díez días a los 17 fiscales superiores autonómicos, que se cumple este lunes, para el envío de toda la documentación relativa a procedimientos "incoados tanto en sede judicial como fiscal".
Sin embargo, todo apunta a que Fiscalía será flexible con los tiempos, ya que no todos los fiscales superiores han podido entregar sus documentos y la propia fiscal general, Dolores Delgado, admitió la semana pasada que no se sabe cuándo se podrá disponer de la información, precisamente por ser laborioso obtenerla.
Hasta la fecha, han cumplido con el trámite los fiscales autonómicos de Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura, Asturias, Baleares, Galicia y Canarias.
Galicia es con siete, hasta el momento, la comunidad que más asuntos penales tiene en trámite en los juzgados de instrucción sobre delitos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
Le siguen Baleares, cuyo fiscal superior, Bartomeu Barceló, ha informado de que hay cinco investigaciones en marcha en esta comunidad, los mismos de los que notificó el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández.
El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, remitió su informe con dos casos abiertos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ningún caso en Las Palmas.
También elevó informe la Fiscalía de Alicante, en el que detalla que no se tiene constancia de denuncias relacionadas con casos de abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas de la provincia desde, al menos, 2018.
Fuentes de la Fiscalía han precisado a Efe que, entre 2018 y principios de 2022, solo se ha registrado una denuncia por un supuesto episodio de abuso sexual en el ámbito religioso, que habría sido cometido presuntamente por un profesor de religión que impartía clases en un Instituto de Educación Secundaria en Torrevieja, de titularidad pública y por tanto, sin vinculación con ninguna entidad religiosa.
Al igual que Alicante, las fiscalías de Asturias y Extremadura señalaron que no existe ningún procedimiento penal en tramitación.
Mención aparte merece el caso de Navarra, que a falta del informe oficial del fiscal superior, la semana pasada se hizo público un documento, realizado por la Universidad Pública de Navarra por encargo del Gobierno, que ha identificado a 31 supuestos abusadores y 52 víctimas que son "la punta del iceberg".
