El pasado 3 de marzo, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga emitió una resolución por la que se aprobaba el proyecto de descontaminación de los terrenos de la antigua Repsol. La plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga ha presentado un recurso de alzada oponiéndose a la citada resolución, al considerar que se ha producido una infracción grave de la ley de Procedimiento Administrativo Común en la tramitación del expediente por parte de la Administración andaluza. En concreto, denuncia que no se han admitido las diferentes alegaciones presentadas al expediente, lo que supone “una infracción productora de nulidad de pleno derecho de la resolución”.
Solicita, además, que el expediente retorne al momento procesal en que se presentaron las primeras alegaciones y que la Administración las responda. El recurso de alzada presentado por Bosque Urbano Málaga recuerda que los escritos de alegaciones no son un mero trámite formal que queda agotado con la presentación de tales escritos, sino que obligan a la Administración a tenerlas en consideración cuando redactan su propuesta de resolución.
Además, como afirman desde la plataforma ciudadana, la Administración tiene la obligación de ofrecer una respuesta razonada que resuelva todas las cuestiones planteadas por los interesados en el ejercicio de sus derechos. Bosque Urbano considera muy grave que no se hayan admitido las alegaciones presentadas en su momento, ya que estas se entregaron en los plazos legalmente establecidos. Por ello, acudirá a la vía judicial si el órgano encargado de resolver el recurso no resuelve reponer el expediente al momento en que debieron emitirse los informes.
La plataforma propone la creación de una gran zona arbolada en la totalidad de los terrenos de la antigua Repsol y se opone al proyecto de descontaminación de la parcela porque “no se ha valorado la contaminación existente en el acuífero, que se ha limitado únicamente a la existente en los suelos”. Por este motivo, Bosque Urbano ha solicitado reiteradamente un informe de la Administración Hidráulica que valore el alcance de la contaminación de las aguas subterráneas.
