Según recoge la Policía en un informe incluido en el sumario que investiga esta causa y al que ha tenido acceso Efe, la sociedad, denominada Lauzavi y participada en un ocho por ciento por Zamorano y el resto a partes iguales por su mujer y dos de sus hijas, tiene como objeto social el asesoramiento y prestación de servicios en materia de diseño de espacios interiores y decoración.
Según declaró Zamorano, la sociedad es familiar y tiene que ver con las actividades de sus hijos, "pero no con la promoción y construcción de inmuebles".
En 2005 Lauzavi recibió ingresos por importe de 453.676 euros procedentes de mercantiles con intereses urbanísticos como Aedificat 2002 S.A, Proincosta y Proyectos Kroll, y también de despachos de abogados gestionados por ex militantes del PSOE, uno de los cuales está imputado en la trama.
En 2006 la cifra ingresada en Lauzavi ascendió a 340.323,59 y también procedía de empresas con intereses urbanísticos y de despachos de abogados.
A Zamorano, que fue expulsado del PSOE tras su detención en la trama, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Su mujer, imputada en la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales, dijo ante la juez desconocer esos ingresos y los gastos de la sociedad ya que "su marido y los abogados contratados llevan la contabilidad de la empresa".
Además, según le consta a ella, los únicos ingresos que tiene la sociedad son los referidos a la actividad artística realizada por ella y las dos hijas de su marido.
Añadió que su marido "en muchas ocasiones" le traía cheques y facturas "en blanco, sin que sepa el destino de las mismas, ni la cuantía".
Filiaciones al PSOE, gimnasio con TV y billetes de 500 euros en los registros
Además, entre los efectos encontrados durante los registros del “caso Astapa” se encuentran hojas de filiación al PSOE unidas a los currículos vitae de los aspirantes a trabajar en el Ayuntamiento de Estepona, un gimnasio con una televisión de 50 pulgadas, 16.000 euros en billetes de 500, esmeraldas y una colección de relojes de lujo.
Según consta en un informe policial, en el despacho de la secretaria del entonces alcalde, Antonio Barrientos, se hallaron recibos de donaciones de una mercantil por importe de 3.000 euros, además de hojas de filiaciones al PSOE unidas a los currículos vitae.
Ello demostraría, según la Policía, que "para entrar a trabajar en el Ayuntamiento es condición sin ecuánime, afiliarse primeramente al partido".
Entre la documentación intervenida en un registro llevado a cabo en el domicilio social de una mercantil se halló un contrato de publicidad realizado por el PSOE de Estepona para la campaña electoral de las elecciones municipales de 2007, lo que "reafirmaría el hecho" de que la publicidad del partido sería "financiada por empresas con intereses" en la localidad.
Por otro lado, los investigadores también llaman la atención sobre la "extensa bodega" que poseía en su casa Barrientos, "de la que no quiso justificar como era proveída".
El informe hace mención especial al "lujo en el que vivía" el edil del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo, "cuyos armarios estaban repletos de ropa y complementos de marcas de gran prestigio" y tenía un jacuzzi, sauna y un gimnasio particular dotado de maquinaria de última generación y de una televisión de más de 50 pulgadas en su interior.
En el domicilio del jefe de la asesoría de Urbanismo, Andrés Arturo Flores, se encontró una gran cantidad de dinero en efectivo, entre el que había 28 billetes de 500 euros, a lo que hay que sumarle seis esmeraldas y una sortija de oro blanco con esmeraldas y brillantes, lo que indicaría su "alto poder adquisitivo".
En el registro del domicilio particular del concejal Manuel Reina (PES), que también forma parte en la actualidad de la Corporación de Estepona, se encontró un dispositivo de vídeo oculto en un bolso, lo que "vendría a corroborar las grabaciones que éste realizaba de las reuniones particulares mantenidas con diferentes personas".
También se hallaron joyas en el domicilio del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz Pérez, en concreto una colección de relojes de lujo entre los que se encontraba un Rolex.
De los 68 imputados que suma el "caso Astapa", cuarenta se encuentran en libertad sin fianza, veintitrés en libertad bajo fianza y sobre los cinco restantes no ha trascendido ninguna decisión judicial.
Un notario informó de operaciones sospechosas de blanqueo
Un notario de Estepona (Málaga), en su declaración como testigo ante los miembros de la Policía Nacional que investigan el caso 'Astapa', aseguró a los agentes que remitió al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales varias operaciones urbanísticas llevadas a cabo por concejales imputados y otras personas investigadas en la presunta trama de corrupción.
Según la declaración recogida en el tomo 16 del sumario, el notario aseguró a los agentes que el abogado y militante del PSOE, Juan Simón, primo del que fuera jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, "realizó decenas de escrituras y operaciones en un periodo de un año, entre 2007 y 2008, y que en años anteriores realizó pocas operaciones o ninguna".
El notario aseguró que reportó "operaciones al organismo OCP sobre Juan Simón". Concretamente hizo referencia a una operación que "consistió en la compraventa de un inmueble de una promoción pequeña en el término municipal de Benahavís. Juan Simón insistió en la premura y rapidez de realizar la operación. Juan Simón realizó dos ventas en un periodo de tiempo muy corto al ex concejal de Hacienda", Manuel Reina, "y al actual concejal de Hacienda", Francisco Zamorano, "indicando que reportó esta operación a la OCP".
Preguntado por la policía a cerca de si en alguna operación se vende el mismo objeto sucesivas veces, el notario responde que sí, que "seguro que ha mandado alguna".
A Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. En el caso de Zamorano, éste se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros. A él se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Por último, al concejal del PES Manuel Reina, en libertad bajo fianza de 150.000 euros, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales.
En otro orden de cosas, los investigadores le preguntan al notario "si le han comentado personas que miembros del Ayuntamiento les extorsionan" a lo que el testigo responde diciendo que "le ha dicho algún promotor perjudicado directamente, que personas del Ayuntamiento, sin especificar qué cargos, le han realizado insinuaciones para realizar disposiciones patrimoniales en perjuicio propio o de tercero a cambio de agilizar algún trámite relacionado con el Ayuntamiento. Sobre todo" continúa, "referido a cargos políticos más que a cargos técnicos, a los que se les acusa de ineficacia y de que siguen instrucciones".
A este respecto la policía le pregunta al notario si esas disposiciones patrimoniales "eran para deudas o gastos municipales o para personas" a lo que el testigo responde que se daban "los dos casos, para gastos del Ayuntamiento y para personas en concreto".
