El número de ocupaciones ilegales de inmuebles en Huelva hasta noviembre de 2022 suma un total de 157, lo que supone el dato más bajo de los últimos ocho años -desde 2015-, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a una pregunta presentada por el Grupo Popular en el Congreso sobre el número de inmuebles ocupados ilegalmente y los desalojos acometidos por parte de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.
Consultadas por Europa Press, las cifras revelan que, a falta de los datos de diciembre, el cómputo de viviendas ocupadas en la provincia llega a las 157, lo que supone ocho menos que 2015, cuando se contabilizaron 165.
Asimismo, según estos datos, el año que más viviendas se ocuparon ilegalmente en Huelva fue 2018 cuando se registraron un total de 228 inmuebles, seguido del año 2019, cuando se contabilizaron 216. Por otra parte, le siguen en mayor volumen de ocupaciones ilegales el año 2017, con 197, así como 2016 --con 191--, mientras que en 2021 fueron 180 las viviendas que se ocuparon y 164 en el año 2020.
En este sentido, el Ministerio del Interior señala que bajo el término 'ocupación de inmuebles' se están incluyendo diferentes tipos de delitos del Código Penal. Por un lado, se incluye el allanamiento de morada (artículo 202) y, por otro lado, la usurpación de inmuebles (artículo 245), sea con violencia o no, y sean residenciales o no.
A este respecto, indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) actúan "conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria" en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas "de inmediato", siempre que "se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia".
Por otro lado, el Ministerio apunta que las FCSE también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, "residenciales o no, pero que no son morada", así como que "aquí el proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está sujeto a una orden judicial de desalojo previa", además de "la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación", en cuyo caso "sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento".
De otro lado, según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2015 y 2021 se señalaron un total 4.049 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en la provincia de Huelva, siendo el año 2015 el que registra un mayor dato, con 1.318 -924 de ellas de segunda mano-, seguido con más distancia por el año 2016 (813), mientras que el año 2019 es que registra menos, con 269.
