La entrada del año 2023 trajo consigo la implantación de un nuevo impuesto, el de depósitos de residuos en vertederos, y serán los ayuntamientos los que mayoritariamente tendrán que asumirlo. Su gestión fue objeto de un encuentro informativo organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y fue donde el actual presidente de la Mancomunidad de Los Alcores, Gabriel Santos (alcalde de El Viso), reconoció las dificultades que tendrá el organismo para gestionar ese impuesto y que, por ahora, tendrán que calcular a los ayuntamientos con el doble pesado, es decir, con lo que entre en planta y lo que finalmente se tire a vertedero.
Santos explicó que la situación que atraviesa la Mancomunidad de Los Alcores, cuyo medio centenar de irregularidades es objeto de investigación contable por parte del Tribunal de Cuentas, les ha obligado a centrarse más en aspectos “organizativos”, finalizando la reversión de aquellos servicios que estaban prestando (entre ellos, el de recogida de basuras) y que el trabajo se centre en la gestión de los residuos.
“La planta está obsoleta y no se presta un tratamiento adecuado”, reconocía el alcalde de El Viso sobre la planta de Montemarta-Cónica, que gestiona y en prórroga forzosa Aborgase desde 2016, por lo que en estos momentos se centran en redactar el nuevo pliego de la concesión administrativa que les permitiría contar con una planta de tratamiento “moderna”.
La entrada en vigor del impuesto de residuos a vertedero les ha cogido en una situación administrativa complicada, y “por ahora” van a optar por el “doble pesado” en las instalaciones, que como explicaron los técnicos en intervenciones anteriores, se refiere al control del volumen de cada ayuntamiento en planta y un segundo pesado de lo que se lleve finalmente a vertedero.
Coste para los municipios
El coste que pagarán los ayuntamientos, como dejó claro la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela, será de 30 euros por tonelada si el residuo está tratado previamente y de 40 si no hay tratamiento previo.
Por parte de Lipasam, Lucrecio Fernández, anunció que la propuesta que va a realizar formalmente el Ayuntamiento de Sevilla a la Mancomunidad de Los Alcores es pagar 30 euros, es decir, que lo que llegue de la ciudad procedente del contenedor gris sea considerado como residuo tratado.
Para Fernández, hay que abonar “en función del volumen” del residuo pero también “lo que la planta es capaz de reciclar”, por eso puso especial énfasis en destacar la importancia de dos aspectos, el preventivo, es decir, la colaboración del ciudadano a la hora de reciclar, y el “cómo recogemos”, donde situó la “verdadera revolución”, puesto que hay que ser “más eficaces y más eficientes” en la reestructuración de las rutas, en el sistema de contenedores o en la categorización de residuos.
“Se ha duplicado la recogida selectiva de residuos”, decía Fernández coincidiendo con Marisa Gómez, la delegada municipal de Limpieza, asegurando que el “enorme campo de mejora” que hay está muy ligado a las nuevas inversiones que se realicen.
De hecho, este es uno de los aspectos más importantes que se destacaron a lo largo de la jornada, la necesidad de que ese impuesto, que actualmente ha traspuesto la Junta en sus presupuestos tras su entrada en vigor, con una estimación de recaudación de 94,6 millones en tres trimestres, sea finalista para que revierta en la recogida de residuos, como lleva insistiendo la FAMP desde que se anunció el impuesto.
Maximizar opciones
Muela advertía que el tributo “supondrá un mayor coste de gestión de los residuos municipales para las entidades locales, por lo que, si desean minorar dichos costes, habrán de incentivar la recogida separada de residuos y maximizar al máximo las opciones más favorables de gestión de los residuos conforme al principio de jerarquía de residuos: prevención, preparación para su reutilización, reciclado y valorización”.
“Recordemos que este es un impuesto medioambiental y que su finalidad no es meramente recaudatoria, sino conductual, por lo que sus objetivos sólo pueden alcanzarse invirtiendo en infraestructuras que nos permitan reducir y minimizar la cantidad de residuos municipales que depositamos en vertederos o incineramos”, aseguraba la delegada municipal de Hacienda, Sonia Gaya en su intervención inicial.
I+D+i y subvenciones
La clave, sin embargo, la puso Alejandro Rodríguez, consultor de Prezero, quien consideró que en esta fase inicial es fundamental la colaboración público-privada para “acompasar los tiempos”, de forma que se puedan acondicionar las instalaciones y mejorar los tratamientos de residuos.
“Hay que buscar siempre la mejor técnica disponible, para cada residuos y para cada subproducto”, decía, aunque consideraba básico que se segregara bien en origen para conseguir el objetivo de reducir al 10% lo que entra en vertedero, es importante la I+D+i para mejorar las técnicas y acceder a subvenciones, vía Next Generation por ejemplo para proyectos tractores que “equilibren el coste de tirar al vertedero, que hasta ahora era lo más barato”.
Entre las intervenciones también destacó la de Francisco Peula, de la ONG Rethinking, quien estimó en 500 millones las necesidades de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos en Andalucía, a los que consideró que deberían ir la recaudación de ese impuesto.
Peula también puso el énfasis en la nueva Ley de Economía Circular que se está debatiendo en estos momentos en el Parlamento de Andalucía y en la oportunidad que supondría considerar que la gestión de los residuos sea un nuevo sector económico de futuro e importante.
Las conclusiones
Según resaltó la FAMP, las conclusiones de esta jornada han sido, entre otras, que “este impuesto tiene un carácter censal”, con el objetivo fundamental de que se contamine menos, o al menos que pague más quien más lo hace. Pero durante la sesión, también, han surgido dudas razonables sobre quién es finalmente el sujeto pasivo de este impuesto, o cómo debe liquidarse en cada caso esta tasa. Donde sí hubo más coincidencias por parte de todos los participantes asistentes, ha sido en la conclusión de que “este impuesto debe tener un carácter finalista”, tal y como ha reivindicado la FAMP.
Ese carácter finalista implicaría que lo recaudado tiene que revertir en las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras para la gestión de residuos en general y en este proceso deben tener un papel protagonista las entidades locales. También hubo coincidencia en la necesidad de conciliar las actuaciones por parte de los tres niveles de la administración, estatal, autonómica y local, así como por parte de los actores privados que participan activamente en esta industria.
