Estas son algunas de las instrucciones que han recibido de la Junta los responsables de las empresas públicas de la comunidad con el objetivo de aplicar una rebaja media del 5% en las retribuciones de estos trabajadores, medidas que se sumarán a la reducción de las retribuciones de 245.000 empleados de la administración autonómica.
Pese al rechazo de trabajadores y sindicatos, que preparan movilizaciones y denuncias, la consejera de Presidencia y Portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, concretó ayer en rueda de prensa que la Junta respeta la posición de los sindicatos e incluso dijo que “comprende” su negativa al recorte.
“Lo que no se entiende es que no quieran participar en un modulación de la equidad y progresividad del recorte en las empresas públicas. Lo contrario hubiera sido muy difícil de entender por los funcionarios”, aseguró.
El Gobierno andaluz quiere que las rebajas salariales en las empresas públicas anden de la mano de la negociaciones particulares en cada empresa pública, pero recordó que los directivos de las sociedad públicas tienen la instrucción de que los ajustes “se produzcan” de manera “equitativa”.
“No contemplamos, de momento, los expedientes de regulación de empleo, sino la del ajuste salarial. Tenemos confianza en que este proceso pueda llegar a buen puerto empresa a empresa”, detalló Moreno.
El Boletín Oficial de la Junta (BOJA) publicó ayer el decreto ley que regula medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, donde se detalla la bajada de los sueldos de los empleados públicos de la Junta y se precisa que dicho recorte no se aplicará al personal laboral de las empresas públicas, salvo que sea por convenio colectivo.
Recoge varias sobre las sociedades mercantiles que la rebaja de sueldo de los sus trabajadores está vinculada a la negociación colectiva de las partes.
No obstante, prevé que la Consejería de Hacienda y Administración Pública fije los costes del personal de esas sociedades con una deducción del 5% para homogeneizarla con las del conjunto del sector público andaluz.
Por su parte, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, abogó ayer, al hilo del debate abierto sobre la reforma del mercado laboral en España, por “conseguir una mayor vinculación de los salarios a la productividad”, así como por promover una “nueva consideración de la jubilación como una posibilidad más que como una obligación”.
Griñán, durante una conferencia, aprovechó para aportar su opinión sobre el debate de la reforma del mercado laboral, apuntando que es verdad que necesitamos “adaptar nuestro mercado de trabajo a las nuevas necesidades del modo de producir y distribuir los bienes y los servicios”.
Según señaló, hay “que incorporar un cambio en la gestión de los recursos humanos”, lo que “conlleva la adopción de nuevos modelos culturales en los que prime una visión compartida por parte del empresario y trabajador”.
El PP inicia otra campaña contra el “tijeretazo social” en la región
El PP presentó ayer una campaña, que va a poner en marcha “en la calle y en internet” y en la que van a participar los militantes y los cargos del partido, en la que va a denunciar que el “tijeretazo social” del Gobierno y la Junta supone un “atropello” que afectará a 2.688.531 andaluces.
La campaña fue presentada ayer en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, y la portavoz regional del partido, Rosario Soto, quienes destacaron que se trata de una iniciativa “sin coste económico” alguno puesto que se va a realizar en la calle y a través de internet.
En el cartel principal de la campaña se leen frases como “Los mayores recortes sociales de la historia para Andalucía”; “El PSOE, responsable de la crisis. 2.688.531 andaluces afectado por la mala gestión del PSOE”; y el PP ha elaborado otro en el que se recoge que los populares son los protagonistas del cambio que quiere Andalucía.
Antonio Sanz recordó que esta es la primera vez en la historia de la democracia en la que un Gobierno “recorta de esta forma” las prestaciones sociales, por lo que indicó que resulta “necesario” que se informe a los ciudadanos de ello, y que los responsables son José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán.
Tras precisar que la campaña es “meramente informativa” y que va a aprovechar las redes sociales para dar a conocer estos datos a los ciudadanos, Sanz destacó la necesidad de informar a los andaluces de la situación ante las “constantes mentiras” del PSOE y del Gobierno andaluz respecto a la crisis.
El dirigente popular pidió a los socialistas que “digan la verdad” respecto a la situación que sufre Andalucía y que “no mientan” cuando afirman, como hizo el lunes el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, que las medidas aprobadas por la Junta y el Gobierno central para reducir el déficit pretenden es “consolidar los brotes verdes” de la economía andaluza y española.
“Es imposible que salgan brotes verdes cuando lo han quemado y lo han arrasado todo”, subrayó Sanz, quien advirtió de que el “pirómano nunca puede actuar de bombero”.
Por su parte, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, reiteró que la campaña está basada en la “austeridad” porque no va a costar dinero y sólo contará con el trabajo de los dirigentes de su partido, y apuntó que resulta “necesario” que los andaluces conozcan la “mala gestión” de la crisis que ha realizado la Junta.
Según la dirigente popular, el PSOE ha llevado a España y a la comunidad andaluza a la actual crisis económica y a los recortes sociales “a los más débiles”, principalmente a los 907.631 pensionistas, las más de 100.000 familias que no cobrarán el cheque bebé, los 500.000 funcionarios, y los más de 100.000 dependientes.
Tras recordar también que el recorte tendrá que llegar próximamente en las obras públicas, la dirigente del PP dijo que su partido propone al Gobierno una mayor austeridad en el gasto y que se “apriete el cinturón” antes de recortar los derechos de los más débiles.
IU justifica la huelga general
El coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, afirmó ayer que la huelga general en España “está más que justificada” porque se está produciendo “el mayor acoso y derribo de los derechos sociales de toda la democracia” con los recortes anunciados por los gobiernos español y andaluz.
Valderas subrayó que la huelga general es la “única herramienta” constitucional y estatutaria para hacer frente a la política del Gobierno, mientras que el portavoz adjunto, Pedro Vaquero, insistió en que “sólo con la movilización social” se puede “contrarrestar” al Ejecutivo y a la “derecha”.
Dentro de ese “acoso” a los trabajadores, Valderas calculó que los recortes anunciados en Andalucía provocarán el aumento del paro en 100.000 personas más en 18 meses, “empobrecimiento”, el incumplimiento del VII acuerdo de concertación social y la recesión económica.
