Los ministros de Energía de la Unión Europea han fracasado este lunes en Luxemburgo en su intento de llegar un acuerdo para que la reforma del mercado eléctrico incentive los contratos a largo plazo con generadores de energías renovables y nucleares después de que Alemania y Luxemburgo rechazasen abrir la financiación de contratos por diferencia a las plantas nucleares ya existentes por considerar que beneficia en exceso a Francia.
Aunque los ministros sí han llegado a un acuerdo sobre el texto de la directiva de protección del consumidor y precios durante una crisis energética, no lo han logrado sobre el reglamento de mecanismos de capacidad de los contratos por diferencia, el principal pilar de la propuesta de Bruselas para revisar el diseño del mercado eléctrico de la UE.
"Podría haber habido una forma de impulsar una mayoría, pero a mí me interesa contar con el mayor número posible de países y eso redunda en interés de toda la Unión Europea", ha afirmado la ministra de Energía de Suecia --país que ostenta la presidencia del Consejo--, Ebba Busch, por lo que la responsabilidad de conducir las negociaciones en pos de un futuro acuerdo recaerá sobre la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la presidencia española.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han señalado a Europa Press que la reforma del mercado eléctrico es una "prioridad" tanto para la presidencia española como para Ribera, que no descarta convocar un Consejo extraordinario de Energía en julio, tomando como ejemplo la presidencia checa con el tope al gas, cuyo lema --que fue finalmente estampado en sudaderas para los ministros-- fue: "Convocaremos tantos consejos como sea necesario".
Así, el diseño del mercado eléctrico se aprobará más adelante --todavía sin fecha concreta-- a nivel de embajadores como mandato de negociación con vistas a los diálogos informales entre negociadores del Consejo, la Comisión y el Parlamento, según han confirmado fuentes diplomáticas.
Por tanto, continuará el debate en base a la propuesta que la Comisión Europea presentó el pasado 14 de marzo, una regulación destinada a fomentar las renovables y proteger a los consumidores que exige el uso de contratos por diferencia para nuevas inversiones en renovables y nucleares que requieran financiación pública.
Esas inversiones para la generación de electricidad incluyen las nuevas instalaciones pero también las inversiones destinadas a prolongar la vida útil de las ya existentes, una medida que han rechazado países como Alemania o Luxemburgo por considerar que es una concesión a las nucleares, muy presentes en el mix energético de Francia.
De hecho, fuentes presentes en la reunión han asegurado que el ministro de Economía y Protección Climática de Alemania, Robert Habeck, ha abandonado el Consejo ante la imposibilidad de que Francia y otros países afines del bloque pro-nuclear den su brazo a torcer en lo que respecta a los contratos por diferencia para alargar la vida de las centrales nucleares, ya que Berlín considera que socava la igualdad de condiciones.
"Aplicar los contratos por diferencia al parque nuclear existente es un regalo de Ursula von der Leyen a Macron, para allanar su posible reelección", ha criticado el ministro de Energía luxemburgués, Claude Turmes, quien estima en 120.000 millones los ingresos adicionales para la eléctrica francesa EDF, lo que implica una "enorme distorsión en el mercado interior de la UE".
En respuesta a la oposición de Alemania y Luxemburgo, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha indicado que una posible solución puede ser establecer un vínculo "más claro" entre el importe de los ingresos procedentes de los contratos por diferencia sobre los activos existentes y la magnitud de las nuevas inversiones, para crear así un "principio general de proporcionalidad".
El más vocal contra la propuesta de Bruselas ha sido el ministro de exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien ha reclamado el derecho de los Estados miembro a tomar sus propias decisiones para anunciar su voto en contra de la reforma del mercado eléctrico porque anula la posibilidad de los gobiernos de intervenir en la fijación de precios.
Otro de los puntos que ha suscitado más controversia en el debate de este lunes ha sido una propuesta de la presidencia sueca del Consejo que incluía la petición de Polonia para ampliar los subsidios a las instalaciones existentes para las centrales térmicas durante tres años más de lo establecido: de 2025 a 2028.
Fuentes diplomáticas han explicado a Europa Press que el texto no abre las disposiciones principales ni la norma para los mecanismos de capacidad, sino que se trata de una exención específica para garantizar la seguridad de suministro y que debe ser aprobada por la Comisión, además de estar sujeta a condiciones estrictas de adecuación.
Al respecto, la comisaria Simson ha resaltado que esta exención "debe ser siendo excepcional", aunque no se ha opuesto de forma firme a ello como sí ha hecho un grupo de 14 Estados miembro autodenominado "amigos de las renovables".
Este grupo, que se ha citado de forma previa al Consejo para coordinar su "no rotundo" a esta disposición, ha reunido a Luxemburgo, Austria, España, Grecia, Malta, Dinamarca, Estonia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Letonia, Eslovenia, Irlanda y Bélgica.
"Prever un sistema de subvenciones diferente para las centrales eléctricas de carbón va demasiado lejos y no se alinea con el objetivo consensuado", ha aseverado Habeck durante el debate público, mostrando la postura firme del bloque.
Este grupo de países se ha opuesto a esta ampliación a pesar de los esfuerzos de la presidencia sueca por tratar de encontrar un consenso que, según fuentes diplomáticas, comparado con lo que otros gobiernos reclaman, es un compromiso "muy pequeño" para los Estados miembro y una "victoria importante" para Polonia.
