La Audiencia Nacional ha arrancado este jueves el juicio contra el clan de 'los charlines' despachando las cuestiones previas en las que los acusados han sostenido que debe anularse el proceso basándose en las dilaciones indebidas, en que los hechos han prescrito y en que se han incorporado a las actuaciones conversaciones confidenciales abogado-cliente. La Sala, siguiendo el criterio del fiscal antidroga Luis Uriarte, ha rechazado la petición de que los acusados declaren al final y ha dejado para resolver en sentencia los argumentos de nulidad expuestos en el día de hoy.
El tribunal les juzga por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva, y en el banquillo se sientan finalmente nueve miembros del clan dado que, tal y como ha expuesto el Ministerio Fiscal, se ha presentado un informe médico del acusado José Tato Arca en el que se refleja que su situación le impide ejercer su derecho adecuado a la defensa porque tiene afectada el habla y el entendimiento por una "demencia sobrevenida", por lo que se ha interesado el archivo del procedimiento para él, algo que el tribunal ha acordado al instante.
Durante esas cuestiones previas, la defensa de la acusada Josefa Charlín ha solicitado que se archive la causa para su defendida porque entiende que los hechos que se enjuician han prescrito --"se desconoce la fecha de adquisición de fondos que se consideran ilícitos, solo consta la procedencia de dos cuentas aperturadas en 94 y 95"-- y porque ya fue juzgada por estos mismos hechos y condenada.
Ha lamentado asimismo que se ha dado una vulneración y falta de respeto hacia los letrados del caso porque el sumario recoge "un centenar de conversaciones telefónicas de abogado-cliente" que "vulnera la confidencialidad" y es un intolerable menoscabo del derecho de defensa que debería suponer la nulidad de la causa.
Por otro lado, ha señalado que se ha dado una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por dilaciones indebidas, y ha apuntado que la causa se ha demorado 15 años desde que se inicia el procedimiento. "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", ha explicado para añadir que debe suponer la nulidad de lo actuado porque no es una sencilla atenuante, sino "una vulneración patente de un proceso con todas las garantías".
Además, ha añadido que si no son admitidas el resto de cuestiones previas, solicita que la declaración de su defendida y del resto de acusados se practique en último lugar para salvaguardar el derecho de defensa. Y ha pedido la suspensión de la vista hasta que se resuelvan las cuestiones previas, algo que finalmente no ha sido atendido por el tribunal .
El abogado de María Teresa Charlín y Natalia Somoza se ha adherido a lo expuesto por la anterior letrada y ha añadido que invoca además la nulidad de toda la investigación sobre sus mandantes "por el carácter prospectivo de la investigación". Cabe recordar que la investigación apunta que ambas participaron en una subasta de unos bienes que eran del clan supuestamente, la planta depuradora de marisco, y el letrado apunta que los fondos con los que se hicieron con esa subasta tenían una trazabilidad bancaria correcta. "Sin que existiese actividad delictiva previa", ha añadido.
Por eso, ha insistido en que la investigación fue prospectiva, que "fue una pesca general" y que se fue contra María Teresa Charlín "solo por el ADN" a pesar de que la operación bancaria fue "exquisita".
La defensa de Noemí Outon Charlín, hija de Josefa Charlín, ha explicado que su patrocinada está en el juicio solo por figurar como cotitular de una cuenta de su madre y como apoderada de otra cuenta de su madre y de su tío, y ha recordado que las mismas fueron aperturadas en marzo de 2000 mientras que ella prestó declaración por primera vez el 7 de julio de 2010, por lo que el asunto estaría prescrito, ha sostenido.
El resto de acusados, un empresario --Ramón Rodríguez Paz-- y dos abogados --Roberto Adán y Santiago Do Campo--, han secundado las peticiones de la primera de las defensas y han hecho hincapié en que están en la causa por grabaciones de conversaciones que estarían protegidas por la confidencialidad abogado-cliente.
En su turno de respuesta, el fiscal del caso ha tratado de echar por tierra todas las cuestiones previas presentadas por las defensa --a excepción de la presentación de prueba documental de última hora si bien ha puesto el foco en que se entregaban con mala fe procesal--, y en concreto sobre las conversaciones telefónicas abogado-cliente incluidas en la causa, ha indicado que "no se vulneran derechos fundamentales" porque las defensas no han concretado cuáles son las mismas y porque "no se utilizan por Fiscalía conversaciones abogado-cliente" salvo las del abogado Adán y porque está encausado.
Además, sobre la alegación de cosa juzgada y sobre la prescripción, ha negado ambas subrayando que para que se dé el primero de los casos debe tratarse de las mismas personas y los mismos hechos, algo que no ocurre en este caso a su juicio.
Y en cuanto a las dilaciones indebidas, el fiscal ha apuntado que sin perjuicio de que sea objeto de debate en las calificaciones finales, no tienen por qué suponer la nulidad de juicio porque el legislador ya dio respuesta a las mismas creando la figura de las atenuantes. "No toda limitación de derechos fundamentales supone la nulidad".
Tras un receso acordado por el tribunal, la Sala ha arrancado con el primero de los interrogatorios, el del abogado encausado Roberto Adán. Según el escrito de acusación del fiscal este letrado intervino en una operación de 2008 relativa a una depuradora de marisco con el objetivo de ocultar la titularidad real --de los charlines-- de esa planta que había salido a subasta pública.
Antidroga explicaba en su escrito que en mayo de 2008 se subastó por orden judicial una depuradora de marisco y los terrenos adyacentes a la misma que habían pertenecido a Teresa Charlín Pomares, hija del capo. Y añadía que a esa subasta asistió la hija de Teresa, Natalia Somoza --encausada-- que se hizo con todo por 795.000 euros. "Sin embargo fue consciente en todo momento de no ser más que un simple testaferro de su madre que era quien realmente ponía el dinero y adquiría para sí los bienes subastados", señalaba el fiscal para luego apuntar que la cantidad abonada provenía del narcotráfico.
Sumaba a esto que los terrenos adquiridos en subasta, incluida la planta, fueron finalmente adjudicados una constructora con el pretexto de saldar un crédito pendiente para colocarlos a nombre de otro hombre de paja, Ramón Rodríguez Paz --también encausado--, "a pesar de continuar siendo en realidad de Teresa Charlín". Y en ese último giro en la propiedad jugó "un papel indispensable" el abogado Roberto Adán.
Adán ha negado que su intervención en esa operación relativa a la planta de SOCHAR SL tuviera fines delictivos y que se trató de un asunto societario. Su letrado ha matizado que su defendido solo tuvo una conversación al respecto con una persona que contaba con una sentencia absolutoria --por Teresa Charlín--.
Tras esta primera declaración, el tribunal ha dado por concluida la sesión y ha emplazado a las partes al próximo 9 de octubre cuando se retomarán los interrogatorios en la sede de San Fernando de Henares.
