Fuentes judiciales han informado a Efe de que el juez Javier González ha emitido un auto en el que interpreta el caso Marta a la luz de los últimos acuerdos del Tribunal Supremo sobre la finalidad perseguida por los presuntos autores del delito.
En el caso de la joven desaparecida el 24 de enero de 2009 en Sevilla, el magistrado interpreta que, del relato de hechos realizado por la Fiscalía y la acusación particular, se deduce que la finalidad principal del asesino confeso, Miguel Carcaño, y de su amigo menor de edad Javier G.M. no fue matar a Marta sino violarla.
Dichos escritos de acusación recogen que los dos autores de la violación de la joven le dieron muerte con posterioridad “para impedir que pudieran ser descubiertos los hechos que acababan de llevar a cabo, esto es, las agresiones sexuales”, relata el juez en un auto al que ha tenido acceso Efe.
Apoya este razonamiento en el hecho de que, según dichos escritos, a continuación los acusados limpiaron en el piso de la calle León XIII de Sevilla la “sangre y demás vestigios” de la víctima que “provenían no de la muerte violenta, que lo fue por asfixia, sino de las previas agresiones sexuales”.
Por todo ello, concluye el juez que no alberga “ninguna duda acerca de cual era el objetivo principal de los autores” y por lo tanto acuerda reconducir el caso para su enjuiciamiento ante un tribunal profesional de la Audiencia Provincial, como competente sobre los delitos contra la libertad sexual.
El juez tampoco ve “datos que permitan apreciar la posibilidad de un enjuiciamiento separado” de los delitos de asesinato y violación, por lo que reenvía el caso al juzgado de instrucción.
Por su parte, el padre de Marta, Antonio del Castillo, mostrado su indignación el auto del magistrado, anunciando que lo recurrirán, y se ha preguntado a qué se debe este cambio de opinión del juez. “Llevamos desde el principio luchando para que sea juzgado por un tribunal popular”, ha precisado el padre de la joven, quien no comprende cómo después de tanto tiempo se produce este cambio de línea por parte del juez.
Mientras, los abogados de dos de los acusados en el caso de Marta del Castillo han asegurado que el caso “nunca debió tramitarse según la Ley del Jurado” y que no se les pueden imputar los nuevos retrasos en el juicio.
La decisión del magistrado se ha producido a petición de tres de los defensores, uno de los cuales, José Antonio Salazar, ha recordado a Efe que “llevamos casi un año defendiendo que el caso no se debe juzgar ante un jurado” por lo que “la posible demora no es imputable bajo ninguna óptica a las defensas”.
Este abogado defiende a la novia del hermano del asesino confeso, acusada de encubridora, y ha asegurado a Efe que el interés de la Fiscalía y de los padres de Marta por llevar el asunto ante un jurado se explica porque de esta manera “tendrían un cien por cien de garantías de condena”.
Por su parte, José Manuel Carrión, que defiende a Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso, ha dicho a Efe que el caso Marta “nunca tenía que haberse tramitado según la Ley del Jurado” porque la doctrina del Tribunal Supremo estaba clara y los sucesivos plenos no jurisdiccionales del alto tribunal “solo han ido matizando la doctrina”.
Nuevos retrasos
El recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que el caso vuelva a un jurado, tal como ha anunciado el padre de la víctima y al que posiblemente se adhiera la Fiscalía, retrasará la celebración del juicio por un caso que lleva desde abril pasado en la Audiencia provincial pendiente de señalamiento.
El magistrado presidente reconoce en su auto que el caso ha sufrido una tramitación “prolongada por compleja, pese a los esfuerzos del juez instructor”, con varios “avatares” como la recusación por parte de los defensores de los cuatro magistrados de la Sección Primera de la Audiencia que habían resuelto recursos de la fase de instrucción.
El juez de instrucción mantiene abiertas unas diligencias centradas en las pesquisas para hallar el cuerpo de la víctima, entonces de 17 años, lo que hasta ahora ha sido imposible porque los acusados primero dijeron que lo habían arrojado al Guadalquivir y luego a un contenedor de basuras, lo que dio lugar a una búsqueda infructuosa de varios meses.
