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La jueza decana de Jerez, en el frente común judicial contra el acuerdo de PSOE y Junts

Se adhiere también al comunicado de las asociaciones judiciales por las referencias al lawfare y otros aspectos

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  • Los juzgados de la avenida Tomás García Figueras. -

Los jueces decanos de los partidos judiciales de España, entre ellos también el de Jerez, con María del Castillo Mendaro al frente, han suscrito  un comunicado en el que respaldan y se adhieren expresamente al emitido este jueves por las asociaciones judiciales (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial  Independiente), donde cuestionan algunos aspectos del acuerdo entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Además, los jueces decano dejan claro su rechazo por las referencias al  lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias.

En este sentido, como reza en el comunicado firmado por los jueces decanos de 79 partidos judiciales, “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Como consecuencia, continúa el comunicado, “ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Por el contrario, alertan, los jueces “han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”.

Por último, dejan claro que “el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.

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