A puñetazos. Así reaccionaron madre e hija a la petición de un administrativo del centro de salud de San Benito cuando les requirió un documento identificativo del menor que les acompañaba para cogerle cita. Según relata el sindicato de Enfermería Satse, que ha dado más detalles de los hechos ocurridos el pasado jueves, al no llevarlo encima, su respuesta fue comenzar a “destrozar el mobiliario del centro” (mamparas de metacrilato, pantallas de ordenador…) “sin mediar palabra”. Ante el escándalo provocado, varios profesionales sanitarios se acercaron hasta el puesto. Entre ellos se encontraba una enfermera, que avisó de que iba a llamar a la Policía. No hubo tiempo de más. Según narra el sindicato, comenzaron a proferirle insultos vejatorios. “Empezó a recibir puñetazos en el hombro izquierdo”, lo que hizo que un médico de familia saliera en su ayuda, que también fue golpeado y empujado por las dos usuarias.
Debido a los golpes, la enfermera tuvo que recibir asistencia médica tras el incidente y ha denunciado los hechos aportando el correspondiente parte de lesiones. Para Satse, el último episodio violento es consecuencia una vez más de las “deficiencias” del sistema sanitario en Atención Primaria. “Los profesionales pagaron las iras de los usuarios”, denuncian. La “continua demora” que sufren ante la imposibilidad de coger cita les lleva a “cargar contra los profesionales cosas que no son imputables a ellos”. Una situación que provoca que los pacientes lleguen a los centros de salud “ya desesperados por la imposibilidad de coger cita vía telefónica, internet o la app y acaban pasando estas situaciones tan desagradables para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud”.
La falta de seguridad y la presencia de vigilantes a media jornada no ayuda. Como otras muchas dependencias sanitarias, dispone de personal de seguridad privada pero solo en horario de mañana, un tramo en el que apenas se registran altercados. De hecho, el sindicato de enfermería asegura que este centro cuenta con una estadística elevada de agresiones precisamente en los momentos en los que no tiene vigilante. Por esta razón, desde Satse reclaman que aquellos centros de Atención Primaria con incidencias de agresiones, dispongan de esta cobertura “en el 100% de su jornada laboral”, como es el caso de San Benito, que “atiende a más usuarios de los que tiene capacidad” mientras aguarda que el nuevo centro de salud de la zona norte se haga pronto realidad para descongestionar estas dependencias. Un proyecto muy reclamado por Satse y para el que por fin hay presupuesto de la Junta para este año.
Satse pone el foco en el incremento en un 15% del número de agresiones a las enfermeras en 2022. Para el sindicato, el que la situación no haya mejorado en 2023 demuestra que se trata de un “grave problema” al que aún no se ha dado una respuesta por parte de las administraciones. Una vez realizado un análisis detallado del último ‘Informe de Agresiones a Profesionales del SNS’ del Ministerio de Sanidad, SATSE concluye que no existe la suficiente y necesaria concienciación y sensibilidad nivel administrativo, político y social sobre una realidad que empeora con el paso del tiempo. Por ello, se remite al proyecto que ha presentado a gobiernos y partidos un proyecto de ley estatal que contempla más de 50 medidas concretas para luchar de manera conjunta, coordinada y eficaz contra la violencia física y verbal que sufren todos los profesionales sanitarios. Satse tiene claro que contar con una ley estatal evitaría que cada administración actúe de manera independiente, y se pueda dar una respuesta igualitaria y uniforme. De esta manera, cualquier profesional, independientemente del lugar donde ejerza su actividad, tendría a su disposición los mismos recursos, atención y apoyo.
Además, advierten que las agresiones afectan especialmente al colectivo de enfermería por su relación más cercana y permanente con los pacientes y sus familiares, unos profesionales sanitarios que “se dedican a paliar la falta de recursos humanos y materiales que sufre la sanidad pública andaluza”. Por ello, además del proyecto legislativo, trabajan en campañas permanentes de información y sensibilización con el objetivo de que haya una “tolerancia cero” ante las agresiones, a la vez que hace un llamamiento a los profesionales para que denuncien cualquier acto de violencia y que éste no quede impune.
