Moreno, que admitía que coincidían estos tres “aplazamientos” con la celebración de las elecciones municipales, desvinculaba la cita electoral de la medida e incluso afirmaba que si fuera así “lo alejaríamos del mes de mayo”, apuntando que las tres decisiones responden a escenarios distintos pero a peticiones de los sectores afectados.
Así, en el caso de las bolsas de plástico, aseguraba que el Gobierno andaluz “ha escuchado” al sector comercial con respecto a los perjuicios que podría ocasionar en temporada navideña y en rebajas, acordando su entrada en vigor el 1 de mayo, un mes antes de los solicitado por el sector.
Además, apuntaba que esta tasa era, de todas las medidas fiscales anunciadas por José Antonio Griñán, “la que menos afán recaudatorio tenía”, pues era más disuasorio, por lo que los ingresos que se preveían obtener con los cinco céntimos por cada bolsa, “esperamos que sean compensados con la evolución de los ingresos”, decía la consejera.
En cuanto al canon de la Ley del Agua, que debía también entrar en vigor el 1 de enero, responde a la petición realizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para establecer una moratoria de seis meses para “subsanar” las duplicidades detectadas en muchos municipios. “La decisión se adoptó por unanimidad en la FAMP, por todos los grupos”, afirmaba Moreno para desvincular la medida de cualquier interés electoralista o de partido.
El tercer aplazamiento se refiere a la aprobación de los estatutos de las agencias públicas de la Junta, con el objetivo de que no entren en vigor hasta que no se ratifique en el Parlamento la nueva Ley de reordenación del sector público, a la que estos entes tendrán que adaptarse.
Según Moreno, fueron IU, UGT y CCOO los que solicitaron este aplazamiento para “no condicionar el debate parlamentario” de la Ley con la entrada en vigor de los estatutos, y confió en que el debate en el Parlamento “clarifique” las posiciones y “aminore” las protestas de los funcionarios “salvo que haya otros objetivos”, puntualizó.
“No veo una rectificación en el fondo sino un aplazamiento de la entrada en vigor”, apuntaba Moreno para negar que el Gobierno andaluz haya rectificado. “El elemento común es que nos hemos sentado y hemos escuchado y atendido la demanda de sindicatos, comercios y ayuntamientos”, decía. “El grueso de las medidas fiscales, de ahorro y estímulo económico anunciadas por Griñán están en vigor”, recalcaba la portavoz del Ejecutivo.
Además, de estas medidas, el Gobierno andaluz aprobó ayer activar un mecanismo similar al de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) pero con la PICA (Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma), lo que posibilitará adelantar a los municipios anticipos por sus ingresos por un montante límite de 100 millones de euros.
El Gobierno también ha aprobado un decreto Ley de medidas para potenciar inversiones empresariales en Andalucía, que reduce los trámites administrativos para los grandes proyectos de interés estratégico y fija fórmulas para que las pymes puedan iniciar sus actividades sin autorización de la Administración.
La norma también establece que el Consejo de Gobierno deberá aprobar, en el plazo de seis meses, un plan de reducción de cargas administrativas tanto a los proyectos estratégicos, que pueden optar a ser declarados de interés autonómico, como a las pymes.
Además, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, admitió que el Gobierno utilizará con toda probabilidad la fórmula del decreto Ley para modificar la Ley de Cajas Andaluza, cuyo plazo fijó antes del 24 de marzo.
