Según dijo ante el Comité Ejecutivo Regional del PP-A, se trata de la novena ley que presenta el PP en ocho meses de legislatura frente a las cuatro del Gobierno de Chaves, lo que pone de manifiesto, a su juicio, que los populares llevan la "iniciativa en materia legislativa" en la Cámara.
Entre los objetivos de esta ley del PP-A, se encuentra proponer directrices de actuación y medidas para obtener la máxima eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios a las personas en situación de dependencia y a sus familias; formular criterios, propuestas y orientaciones de carácter económico y presupuestario; informar de los planes y programas de actuación sobre promoción de la autonomía personal y servicios de atención a la dependencia, elaborados por las consejerías competentes con carácter previo a su aprobación, o colaborar con las administraciones públicas competentes, con los agentes económicos y sociales y con entidades vinculadas al sistema de atención a la dependencia.
También se persigue la elaboración de informes sobre la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito de Andalucía, comparación con otras Comunidades Autónomas y colaboración de la Administración General del estado.
El dirigente popular mostró su firme apoyo a las personas en situación de Dependencia y a sus familias, y su compromiso para que éstas puedan ejercer sus derechos y recibir las prestaciones y servicios inherentes a los mismos.
Asimismo, lamentó que los ciudadanos hayan sido "los más defraudados, al ver incumplidas sus expectativas" en los dos primeros años de aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que abogó por una evaluación constante de la aplicación y desarrollo de la norma, cuyo eje debe ser "la corrección de las deficiencias detectadas, así como un excelente instrumento de propuesta para la mejor atención".
Según expuso Arenas, de acuerdo con los datos del Imserso y de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, a fecha de 1 de diciembre de 2008, en Andalucía el número de beneficiarios con derecho a prestación ascendió ha 114.775, un 51,48% del total de solicitudes -222.932- y un 69,32% de los dictámenes. Sin embargo, según agregó, los receptores de algún tipo de prestación fueron 84.000, tan sólo un 37,28 y los receptores de prestaciones económicas 37.600, lo que supone un 16,87% del total.
Al hilo de esto, Javier Arenas informó de que hay 57.351 andaluces en la lista de espera para recibir dictamen por parte de la administración y 30.775 más que "pese a tener reconocida una prestación, todavía no la estaban percibiendo".
Para mejorar la "ineficaz gestión que ha realizado el PSOE en la aplicación de la ley y corregir las graves deficiencias que se han puesto de manifiesto en los dos primeros años de aplicación", el líder popular consideró necesario "triplicar los recursos para aplicar la Ley de Dependencia".
"Es gravísimo que un 8 por ciento de las personas que solicitaron ayudas por dependencia desde el uno de enero de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley, hayan fallecido sin recibir la ayuda", lamentó el presidente del PP andaluz, quien recordó que han sido especialmente graves los retrasos o demoras que se han producido, "que han llegado hasta los 15 meses".
