Se trata del penúltimo paso del proyecto de ley, que será aprobado definitivamente la próxima semana en el pleno de la Cámara autonómica, y que implicará la reducción, mediante fusión o absorción, de 111 entidades públicas, lo que supondrá un ahorro de unos 118 millones y crear más de una decena de agencias públicas, cuyos estatutos empezarán a aprobarse tras la aprobación de la ley.
El PP vio ayer cómo la mayoría socialista en la comisión parlamentaria volvía a rechazar sus 42 enmiendas al texto, mientras que de IU rechazó 72 -aunque retiró tres-, por lo que el dictamen incluye sólo las 32 presentadas por el grupo socialista y las trece de IU que ya incluyó la pasada semana.
Los grupos de la oposición ya han anunciado que volverán a defender las enmiendas en el debate final que acogerá el primer pleno de la Cámara del actual periodo de sesiones, el 16 de febrero.
El socialista José Caballos dijo que los funcionarios “han sido, son y serán la columna vertebral” de la función pública andaluza y advirtió de que en la norma “nada dice” de quitar a los funcionarios el ejercicio de las potestades administrativas “directas e indirectas”, que corresponden a los funcionarios de carrera.
En esta norma, no hay tampoco “ni rastro” de que el personal directivo no vaya a ser personal de carrera, y sí que las agencias serán “dirigidas por funcionarios y dirigidos a su vez por funcionarios”, de forma que “ningún funcionario perderá su espacio, sus derechos adquiridos, su carrera profesional, ni su empleo”.
Jorge Ramos (PP) censuró la “chapuza” creada por el Gobierno andaluz tanto en el fondo como en la forma, ya que “ha habido una total ausencia de diálogo” como lo prueba la “gran discrepancia” que ha tenido en el seno de los funcionarios.
El portavoz de Economía de IU, Pedro Vaquero, destacó que entre las enmiendas que ha rechazado el PSOE están la creación de un Estatuto Básico de la Función Pública ola creación de un modelo de “agencia única” en vez de los cuatro tipos actuales.
