Moreno exige al PP a que denuncie si tiene pruebas

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, exigió ayer al PP que denuncie ante los tribunales y no “oculte información” a la Justicia si tiene “pruebas o indicios” de que Ramón Díaz, que este miércoles tomará posesión de su acta como diputado andaluz, ha participado de alguna forma en la presunta trama de irregularidades de los ERE, mientras avaló las explicaciones que el lunes ofreció el ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, sobre el asunto.

Moreno, al igual que el propio Ramón Díaz a través de un comunicado, salía ayer al paso de las declaraciones del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que apuntó la posible implicación de un diputado en la posible trama de los ERE y señaló que sería el diputado “más breve”. Díaz tomará posesión de su acta de diputado por Sevilla este miércoles y fue asesor de la Consejería de Empleo, coincidiendo con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, además de ser partícipe en las negociaciones tras el anuncio del cierre de Delphi.

Así, Moreno criticó el uso partidista que está realizando el PP de este caso, intentando implicar al candidato por Sevilla Juan Espadas, al cuñado de Viera e incluso a Felipe González, lo que calificó de “esperpento”, lo que atribuyó a que “no persigue la verdad si no a los socialistas”.

La portavoz del Gobierno respaldó que Ramón Díaz tome posesión de su acta como diputado a pesar de las denuncias veladas del PP, al que instó a que “si tiene pruebas o indicios fundados, que los lleve al juzgado y no oculte información” a la Justicia.

El propio Ramón Díaz emitió ayer un comunicado en el que confirmaba que fue asesor laboral de la Consejería de Empleo entre octubre de 2005 y noviembre de 2009, pero negaba su participación en ningún procedimiento irregular en la tramitación de ERE.

“Nadie puede demostrar que mi firma esté vinculada a ningún procedimiento irregular y, si alguna persona o representante político intenta vincularme, estará intentando una burda y falaz manipulación de los hechos”, aseguraba.

Díaz denunció la “caza de brujas” y “estrategia del PP y de determinados medios afines por hacer sospechosos a toda aquella persona, cargo público o familiar, que haya intervenido en algún momento en procedimientos totalmente legales relacionados con los expedientes de regulación de empleo”, algo reprobable a su entender cuando “ni siquiera han sido llamados por ningún órgano policial o judicial”.

Sobre su actividad laboral, reconoció haber participado en la negociación de la reestructuración del sector azucarero y que realizó informes de relacionados con la dirección general de Trabajo, mientras que sobre el caso de Delphi, aseguró que medió en el proceso final que dio lugar al cierre de la planta y puso su firma en el acuerdo final, como las otras partes, pero “en ningún momento, se recogen pólizas de prejubilaciones ni ERE en el contenido del acuerdo”. Por tanto, “no hay pues ninguna relación con pólizas de prejubilaciones ni ERE, ni ningún otro instrumento distinto”, remarcaba.

La consejera de la Presidencia también quiso avalar las declaraciones de José Antonio Viera sobre la legalidad del convenio firmado entre Empleo y el IFA para agilizar el pago de los ERE, asegurando que el informe de los servicios jurídicos “no era preceptivo” al no afectar a terceros. Al igual que el ex consejero, la portavoz también presupone que, como “todo acto cotidiano” en la Administración, tenía el “visto bueno” de los servicios jurídicos, aunque Viera habló de informes en su intervención. “Comparto el convencimiento”, aseguraba.

Sobre el custionamiento que la Policía Judicial hace del convenio entre Empleo y el IFA, que les lleva a decir que los actos son considerados “nulo de pleno derecho”, la consejera aseguró que la Junta tiene “muchísimas divergencias” con el atestado policial. “Es sólo una opinión jurídica”, zanjaba.

Moreno, que apuntó que creen que “ahorran muchos trámites al juzgado” al entregar las irregularidades que han detectado, señaló que en los próximos días se terminará de revisar todos los expedientes, lo que demuestra que “miran con lupa” todos los casos dudosos “afecte a quien afecte, sean 30, 50 ó 100, pero defenderemos los otros 25.000” que se han beneficiado conforme a la ley.

Para la Junta, la política de prejubilaciones se ha realizado de forma “impecable pero con deshonrosas excepciones” que no ponen en cuestión los 641 millones destinados ni sus destinatarios.

Arenas cree que lo que se conoce hasta ahora es sólo “la punta del iceberg”

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, afirmó ayer que lo que se conoce hasta ahora en torno a las posibles irregularidades en las ayudas de la Junta en los ERE es “la punta del iceberg”.

Arenas, quien ayer mantuvo una reunión en Almería con alcaldes de su partido, aseguró que “no sabemos dónde termina esto”, puesto que “estamos empezando” y “partimos de los 37 intrusos” reconocidos por la Junta.

Aseguró que será “difícil encontrar a alguien” entre los presuntos falsos prejubilados “que sea ajeno a las siglas de un partido, directa o indirectamente”, porque existe “un nexo común, que son unas siglas”.

Arenas se preguntó “dónde está la Fiscalía Anticorrupción” para actuar en este asunto y recordó que el Ministerio Público, al igual que los imputados en el caso Mercasevilla y el PSOE, apoyó la recusación de la juez Mercedes Ayala, una demanda que fue desestimada por la Audiencia Provincial por considerarla “temeraria”.

Mientras, en el Senado, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, pidió ayer al PP que no mienta, no difame y no calumnie cuando dice que la Junta destinó 700 millones de euros de los parados a pagar jubilaciones en empresas públicas, siendo los beneficiarios personas relacionadas con el PSOE, contestando a la senadora del PP Beatriz Escudero, quien dijo que al PP le “preocupa” que Chaves haya sido designado responsable de la Función Pública porque “con sus antecedentes” es como “poner el zorro a cuidar de las gallinas”.