Según explicó en comisión parlamentaria, este cambio es preciso para evitar “situaciones grotescas” como que una comunidad de propietarios se oponga a que se instale un ascensor en una comunidad en que habita una persona tetrapléjica, y que si finalmente se instala es porque lo paga esta persona y lo termina disfrutando toda la comunidad, lo que llevó a Chamizo a insistir en que “esto tiene que cambiar”.
Se trata de una reforma legislativa que le corresponde al Estado, admitió Chamizo, quien explicó que la modificación de la ley debe establecer que se tiene derecho a la supresión de barreras arquitectónicas de las viviendas con cargo a la comunidad de vecinos y que deben tener la categoría de “obra necesaria”.
Ha añadido que una modificación de esta índole debe ir acompañada de un “dispositivo de ayudas” para los miembros de esas comunidades de vecinos que no puedan afrontar esos pagos.
Chamizo ha pedido igualmente que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) propicie que los Ayuntamientos andaluces aprueben unas ordenanzas que flexibilicen al máximo las exigencias para acometer estas reformas, como las licencias de obras que sean pertinentes.
Ha llegado a pedir la “exención de licencias” cuando se trate de eliminar este tipo de barreras y abogó por que en el caso de instalación de ascensores en bloques que no los tengan se aprovechen las obras para eliminar otras barreras que padezca el edificio.
