Fernández, consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010, ya declaró como testigo en la causa abierta por el presunto cobro de comisiones a unos empresarios para crear una escuela de hostelería en Mercasevilla, y ahora deberá declarar como imputado ante la jueza que investiga no sólo los dos ERE que se realizaron en el mercado central hispalense, si no en una trama que ya cuenta con 146 irregularidades, 59 de ellos “intrusos” o personas que no trabajaban en las empresas que fueron objeto de expedientes.
Tras conocerse esta imputación, la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, aseguró que este paso judicial es una “garantía procesal” y vinculó su permanencia en el partido a las próximas actuaciones que tome la justicia, mientras el PP ha exigido que se depuren responsabilidades políticas.
“Todos sabemos que esto es una garantía procesal en este país y que hay que dejar que la Justicia siga su procedimiento. Vamos a ser respetuosos y a esperar a que actúe la Justicia porque ahora Fernández tendrá la oportunidad de defender su inocencia”, señalaba Díaz, que eludía en pronunciarse sobre cuál será la decisión final del partido, aunque insistía en que habrá “tolerancia cero” contra la corrupción y en que se actuará de manera “contundente” contra los implicados en las irregularidades de los ERE.ç
Preguntada por si teme que la Justicia impute también al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, diputado autonómico, senador y secretario general del PSOE de Sevilla, Susana Díaz respondió defendiendo su “honestidad y honradez”. Además, negó que el PSOE tenga una “doble vara de medir” a la hora de expulsar del partido a los militantes y cargos públicos afectados por las irregularidades.
El burofax a Fernández llega después el ex director general de Trabajo de la Junta, que ocupó esta responsabilidad a las ordenes de Viera y Fernández, declarara a la Policía Judicial que informó de sus decisiones a los dos ex consejeros de Empleo sobre las a empresas en crisis. Esta ayudas tenían una dotación de 647 millones que él mismo Guerrero calificó como “fondo de reptiles”, aunque luego se retractó de tal calificativo.
Minutos antes de celebrarse la rueda de prensa de Susana Díaz, de la sede del PSOE-A salió el secretario general y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mientras a los pocos minutos entraba la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, presencias cuyos motivos no ha querido precisar la secretaria de Organización.
Díaz se limitó a exponer que ambos tienen responsabilidad en el partido (Mar Moreno es vocal de la dirección) y que su presencia estaba relacionada con sus respectivas responsabilidades.
Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró que el presidente andaluz está “cada vez más cercado” tras la “autoinmolación” de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y la imputación del ex consejero de Empleo.
Sanz denunció la estrategia “burda e impresentable” que mantuvo el pasado viernes la consejera de Hacienda cuando afirmó que Griñán “no conoció en ningún momento” los informes de la Intervención sobre los ERE irregulares, apuntando que “mintió a sabiendas” con el único objetivo de “salvar a su jefe y amigo” -en alusión a Griñán-, ya que, en su opinión, el presidente de la Junta y entonces consejero de Economía y Hacienda tuvo que conocer “por imperativo legal” estos informes, que cuestionaban el procedimiento utilizado.
Sobre la imputación de Antonio Fernández, el dirigente del PP dijo que “respeta” todas las decisiones de la Justicia, pero advirtió de que esto pone “aún más de manifiesto” la necesidad de que en el Gobierno andaluz se asuman responsabilidades políticas.
“Lo que parece claro es que la situación de Griñán es cada vez más insostenible y que se trata de un político cercado, de forma que la sombra de la sospecha es cada vez mayor”, afirmó Sanz, quien añadió que como consecuencia de esta imputación se deben producir dimisiones en el Gobierno andaluz.
En opinión del secretario general del PP andaluz, es necesario que se “depuren” responsabilidades políticas, y se mostró convencido de que su antecesor en el cargo y actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, debería dimitir de su cargo y como senador por la comunidad autónoma.
Valderas pide que se adelanten las elecciones andaluzas por este caso
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado que el próximo miércoles le va a plantear a su grupo registrar una iniciativa en el Parlamento para solicitar que se adelanten las elecciones autonómicas tras el caso de los ERE.
En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Valderas ha considerado que tras los “graves” hechos ocurridos con los fondos públicos para el empleo en Andalucía, por los que, entre otros, va a ser imputado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, se hace necesario un adelanto electoral en Andalucía.
Preguntado por si, al igual que el PP-A, IU tiene previsto presentar una querella y personarse en la causa, ha asegurado que no va a seguir la estrategia popular, que tiene todo su “respeto”, sino que prefiere acudir a la ciudadanía, en vez de a la justicia.
Fernández está “tranquilo” con su trabajo en Empleo
El propio Antonio Fernández admitió que la juez Mercedes Alaya le ha remitido un burofax en el que le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su “presunta participación” en los hechos que se investigan. En concreto, se relaciona al ex consejero con el libramiento de 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA.
En este burofax, según detalló el ex consejero Antonio Fernández, la juez Mercedes Alaya le insta a designar a un procurador y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas diligencias en calidad “de imputado”. No obstante, Antonio Fernández consideró que se trata de algo “lógico” por lo que a los procedimientos judiciales se refiere, manifestando que se siente “muy tranquilo” por su labor al frente de la Consejería de Empleo.
Un testimonio “poco creíble”
El ex consejero de Empleo aclaró que la juez no le ha convocado a declarar en fecha alguna, pero de cualquier modo, destacó su “tranquilidad” ante esta decisión de la juez Mercedes Alaya. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como “fondo de reptiles” estos 647.869.157,45 euros, es “poco creíble”. “Estoy aguantando la situación”, enfatizó Antonio Fernández.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se ha saldado hasta el momento con el descubrimiento de 59 intrusos o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido librados al margen de la necesaria fiscalización.
Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión han sido promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans, entre otras.
Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, mostró su “apoyo” al ex consejero de Empleo, asegurando además que todo se debe a un “embrollo político y jurídico del PP” y mostrándose por ello convencido de que al final se demostrará la “inocencia” de su compañero de partido. Fernández renunció a su acta de parlamentario autonómico en noviembre para asumir la presidencia del Consejo.
El Consejo guarda silencio, mientras Asaja pide la dimisión del presidente
La imputación de Antonio Fernández tiene consecuencias directas para el Marco de Jerez, habida cuenta de que el ex consejero preside actualmente el Consejo Regulador del Vino. De momento, este órgano prefiere guardar silencio, desde el convencimiento de que el asunto que va a juzgarse no tiene nada que ver con la gestión desarrollada por Fernández en la Casa del Vino y con el objetivo de evitar entremezclarse en este contencioso.
Las organizaciones agrarias, por el contrario, sí consideran que la imputación del presidente afecta al sector vitivinícola. El secretario provincial de COAG, Miguel Pérez, entiende que no conviene “adelantar acontecimientos”, aunque expresa su deseo de que a Fernández “no le pase nada”. Lo que sí tiene claro Pérez es que sería conveniente de que el proceso no se dilatara en el tiempo. “Lo que tenga que ocurrir, que ocurra pronto. No nos interesa que esta espada de Damocles se mantenga demasiado tiempo”.
Más claro aún lo tiene el secretario general de Asaja, Cristóbal Cantos, que entiende que Antonio Fernández debe presentar la dimisión como presidente del Consejo Regulador. “Estando imputado no puede ostentar un cargo público. Lo lógico es que presente la dimisión. Eso es algo que teníamos claro desde el principio en el momento que fuera imputado por la jueza. En caso contrario, a lo mejor habría que plantear una censura”, defendió.
Al igual que en el caso del Consejo Regulador, la patronal bodeguera Fedejerez guardó silencio a pesar de los reiterados intentos de este medio por pulsar la opinión de este órgano. En cualquier caso, no eran pocas las voces que en estas últimas semanas venían advirtiendo de la posibilidad de que el presidente del Consejo fuera imputado por este asunto.
Loaiza reclama explicaciones sobre los ‘intrusos’
El presidente provincial del PP, José Loaiza, exigió al delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, que dé explicaciones sobre lo que ha pasado con “los dos intrusos” que, según señaló, se han detectado en el ERE de la industria auxiliar de Delphi. Asimismo, le instó a aclarar por qué el ERE de González Byass se hizo “con tanta celeridad”.
En rueda de prensa, Loaiza anunció que ha escrito una carta a Bouza reclamándole que pida disculpas “públicamente” y que “retire los insultos” que profirió contra su persona a finales de febrero, cuando dice que le calificó de “ruin” y “canalla político” sólo porque avisó de que el PP iba a llevar al Parlamento iniciativas de control en cuanto a los ERE que se habían llevado a cabo en la provincia.
También exigió disculpas al secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, que, según recordó, le acusó de practicar una política “criminalizadora” y “detestable” basada en “la mentira”. Por su parte, Juan Bouza, pidió a Loaiza, que “deje de calumniar y de injuriar”.
Asimismo, recordó que el ERE de Delphi fue tramitado directamente por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. En cuanto al ERE de González Byass, el delegado provincial de Empleo señaló que las competencias sobre las pólizas dependen directamente de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.
