La reciente formalización de la demanda de responsabilidad patrimonial dirigida contra la administración, que ya llevaba la Audiencia Nacional, se produce después de que Interior reconociera el pasado enero en una resolución el daño causado, aunque acordó indemnizarle con 3.000 euros, cuantía de la que discrepa el perjudicado.
Así lo ha indicado este martes a Efe la representante legal de Juan Enrique T.M., quien ha precisado que con la continuación de la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional pretende que se le indemnice en 50.000 euros por los daños ocasionados.
Considera insuficiente la indemnización de 3.000 euros fijada por Interior, que a su juicio no habría tenido en cuenta los dos meses que estuvo de baja laboral el afectado a consecuencia de estos hechos, los gastos derivados, ni los daños morales.
La letrada decidió acudir a la vía contencioso-administrativa al vencer los seis meses que tenía la Administración para contestar a la demanda del turista ante Interior, sin que obtuviera la respuesta dentro de ese plazo.
Transcurrido el plazo sin contestación o notificación alguna por parte de la Administración, esa parte consideró la demanda como desestimada ante el silencio administrativo y decidió recurrir a la vía judicial.
Inicialmente presentó su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se declaró no competente en el caso y lo remitió a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que será finalmente la encargada de resolver este asunto.
El turista, vecino de la localidad madrileña de Griñón, fue enviado a prisión el Jueves Santo de 2009 por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Granada porque sus datos personales coincidían con los de una orden de búsqueda que le presentó la Policía Nacional, que lo detuvo en el hotel donde se hospedaba.
Sin embargo, el turista sólo compartía el primer apellido con el titular del requerimiento original -I.T.M.- emitido por la Audiencia Nacional.
Al tratarse de un día festivo, el Juzgado de Granada que hizo efectiva la orden no pudo comprobar con la Audiencia Nacional los datos de la misma, verificación que no se realizó hasta el lunes siguiente.
