La Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que tenga en cuenta la opinión de las universidades para la elaboración del Proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, que se encuentra en proceso de consulta pública previa desde el pasado 2 de octubre.
Los rectores señalan, al igual que hace un año, que el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, que integran la Mesa de diálogo social, "pueden fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son, por configurar un verdadero contrato de trabajo".
Sin embargo, recuerdan que el régimen jurídico de las prácticas académicas "es un asunto exclusivamente académico, cuya competencia reguladora recae en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en las propias instituciones universitarias".
"Queremos que se nos escuche. Aunque las universidades no formemos parte de la Mesa de diálogo social, no se puede obviar que el futuro estatuto es un asunto que afecta al estudiantado universitario", subraya la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, que también apunta que las universidades "pueden aportar aspectos técnicos y advertir de posibles problemas a la hora de aplicar el texto normativo".
Por ello, el Grupo de Trabajo de Empleo de la comisión sectorial de Crue-Asuntos Estudiantiles está trabajando en una serie de propuestas que CRUE presentará en el plazo de consulta establecido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con la finalidad de que las incorpore al proyecto del Estatuto del Becario.
