Se trata, informó Fernández, de una operación conocida como swap (Contrato de aseguramiento del riesgo de inflación) firmada por el alcalde Tomás Herrera en el año 2008 con el Banco de Santander por la cual ya se le ha pagado a la entidad más de 333.000 euros durante los años 2009 y 2010, y por la que se le reclama al Ayuntamiento una cantidad superior a los 204.000 euros correspondiente al primer semestre del año, sin ningún tipo de beneficio para el Ayuntamiento.
Según ha informado el teniente de alcalde delegado de Hacienda, se trata de una actuación realizada de manera ilegal y clandestina, en tanto que no existen informes técnicos respecto a la misma, tal y como es preceptivo, como tampoco pasó por ningún Pleno Municipal, tal y como marca la ley en operaciones que supongan obligaciones de pago por un plazo superior a los cuatro años.
De hecho, si se optase por la posibilidad de proceder a la cancelación anticipada de este compromiso, el Ayuntamiento debería abonar a la entidad bancaria un importe de 9.644.634,72 euros.
Ante esta situación, Fernández ha propuesto el inicio del procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación de este contrato con el fin de reclamar la nulidad de la adjudicación basándose en los posibles incumplimientos legales e la tramitación del expediente.
Asimismo, desde la Delegación de Hacienda se remitirá una copia del contrato y del expediente completo tramitado por el Ayuntamiento al Servicio de Inspección del Banco de España y a la Cámara de Cuentas de Andalucía por si existieran cláusulas lesivas para los intereses públicos o contrarios a las buenas prácticas bancarias, o bien si hubiesen incumplido algún tipo de preceptos legales en la tramitación del referido expediente.
