Marín, que sigue actualmente de concejal, ha quedado libre, aunque imputado de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y debe depositar la fianza en quince días, según han informado a Efe fuentes judiciales.
Los ediles María José Martín de Haro -exdelegada municipal de Obras y Urbanismo- y Rafael Lara -que fue delegado de Contratación y Seguridad- ya quedaron ayer en libertad provisional imputados de los mismos cinco delitos y el juez les fijará mañana también una fianza, para lo que el fiscal ha solicitado que no supere los 100.000 euros.
El concejal, diputado provincial y exprimer teniente de alcalde rondeño Francisco Cañestro y el abogado de una constructora local Miguel Ángel B.A. han quedado en libertad sin fianza e imputados de los mismos delitos que los anteriores por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda.
Cañestro ha ejercido como secretario local del PSOE hasta que fue suspendido cautelarmente de militancia por su formación al ser detenido el pasado martes, medida que ha afectado también al exalcalde, a María José Martín y a Lara.
Los otros dos detenidos que han quedado en libertad provisional e imputados de cuatro delitos están vinculados al mundo empresarial y prestaron declaración ayer por exhorto en juzgados de guardia de Valencia y Madrid.
Son Alfonso Javier F.V. y José Miguel Y.C., imputados por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y que tienen obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean citados.
Tras tres horas de declaración judicial y al abandonar el juzgado, el exalcalde ha asegurado a los periodistas que demostrará su inocencia, "igual" que en otros casos en que le quisieron implicar, tras recordar las "62 denuncias" que -según dijo- le han interpuesto partidos políticos como Izquierda Unida o Los Verdes.
Marín, único de los imputados que ha efectuado declaraciones públicas, ha afirmado estar "habituado ya a este tipo de cosas", aunque ha precisado que esta causa no la ve igual que otras, y señala que está "en libertad y con toda la confianza habida y por haber" como dice haber tenido "en las 62 denuncias" que le pusieron.
El exalcalde, abogado de profesión, ha ejercido como portavoz municipal socialista y vicesecretario local de esta formación hasta que su partido lo suspendió cautelarmente de militancia.
Llegó a la Alcaldía en septiembre de 2004 tras una moción de censura del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PP y el Partido Andalucista (PA), donde militaba entonces, y en junio de 2009 se pasó al PSOE junto con los ocho concejales de su grupo.
El Cuerpo Nacional de Policía estudia varios convenios urbanísticos suscritos en la etapa del exalcalde, en los que se podrían haber cometido irregularidades penales.
Uno de los ejes de la investigación gira en torno al proyecto de un centro comercial de Eroski -a través de un grupo constructor del municipio- sobre los terrenos del antiguo campo de fútbol municipal y el recinto ferial en una superficie de 34.000 metros, de los que 25.000 sería edificables.
Otros de los expedientes que analizan es el del complejo Los Merinos -que incluye 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles- y recaban y estudian toda la información incautada sobre expedientes relativos a la zona de La Hoya del Tajo, paraje natural donde hay varias construcciones supuestamente irregulares.
