La titular del juzgado, Carmen Mª Puente, justifica la desestimación del desalojo de las residentes como medida cautelar en que esta última tiene como objeto asegurar “la ejecución de un eventual pronunciamientio estimatorio de la reclamación ejercitada en el juicio, no la adopción de medidas protectoras de las personas o bienes”.
Además, cuestiona que se reclame un “desalojo anticipado” cuando el objeto de la demanda principal es “garantizar la extinción de ese vínculo contractual”, señalando que en el ámbito de la jurisdicción civil “no es conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial”.
Recuerda la jueza que la cláusula de los contratos le obliga a garantizar los derechos de “atención y protección” de las personas que tiene a su cargo, por lo que estima que si las condiciones de seguridad motivadas por el deterioro del edificio ponen en peligro su integridad, Unicaja “debe acudir al organismo competente”, puesto que es la Consejería competente la que tendría que acordar la medida cautelar del cierre del centro “hasta que se subsanen las deficiencias”, garantizando alternativas adecuadas a los residentes.
Costas judiciales
El auto, que Unicaja puede recurrir en casación en un plazo de veinte días, impone además a la entidad las costas judiciales, “sin perjuicio” de que las familias de las residentes puedan reclamar una indemnización si finalmente se decide el cierre cautelar de la residencia por parte de las autoridades competentes.De hecho, los familiares ya contemplan esta posibilidad puesto que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ya ha autorizado el cierre cautelar de la residencia familiar, aunque también contemplan la posibilidad de que se fuerce el internamiento de las residentes en otro centro.
