Señaló que el endurecimiento de la legislación hará desaparecer sustancias claves para el sector agrario que por ahora carecen de alternativa, lo que podría conducir a una seria disminución del rendimiento de ciertos cultivos, especialmente mediterráneos y a un aumento de la resistencia de las plagas a las sustancias que queden.
A modo de ejemplo, según estimaciones de Asaja, dos de los cultivos más representativos de Andalucía podrían ver su producción disminuida entre un 40 y un 80 por ciento: los cítricos, debido a la mosca de la fruta, y el olivar, debido a la mosca del olivo.
Ante este nuevo panorama, apuntó que se hace más necesario si cabe que la Unión Europea permita el cultivo de nuevas variedades transgénicas que se autoprotegen frente a las plagas, y van a suponer la única alternativa que les queda a los agricultores para combatir plagas como la heliothis o el gusano rosado, que en la última campaña han mermado la producción de algodón andaluza en más de un 60 por ciento.
En definitiva, esta nueva legislación supone para la agricultura europea una merma adicional de competitividad, que será especialmente palpable frente a las importaciones procedentes de países que pueden emplear todos los productos fitosanitarios no autorizados en la UE, lo cual es una muestras más de la incongruencia con que actúa la UE.
Tal como advirtió Asaja en los últimos meses, todo este proceso legislativo ha carecido de un estudio oficial en profundidad del impacto que el endurecimiento de la legislación podría tener sobre la producción agraria, la disponibilidad de alimentos sanos, la renta y el empleo de las zonas rurales y los efectos en materia de sanidad.
Por último, destacó que la buena o mala aplicación de esta legislación podrá suponer, además, una mejora o un empeoramiento de su impacto definitivo, por lo que Asaja mostró su disposición a colaborar tanto con las autoridades europeas como nacionales para una aplicación adecuada con "la mayor coherencia", en defensa de un sector agrario que ofrezca "una producción sostenible y competitiva de alimentos saludables y de calidad a un precio justo para el consumidor, tal como viene haciendo hasta ahora".
Por su parte, COAG consideró una "grave irresponsabilidad" limitar el uso de materias activas imprescindibles en los cultivos "sin facilitar antes una alternativa eficaz", por lo que consideró "imprescindible" una moratoria que permita ganar tiempo para investigar y poner en marcha otras sustancias activas con eficacia similar a las que se planea eliminar, o bien otro métodos de control no químicos y la realización de un estudio de impacto socioeconómico y medioambiental de la aplicación de la normativa aprobada.
Asimismo, COAG reclamó un refuerzo de los controles en frontera, porque "no tiene sentido limitar cada vez más el uso de plaguicidas y fitosanitarios en los países europeos y permitir la entrada de productos procedentes de terceros países que están utilizando productos prohibidos, desde hace décadas, en la UE".
