Así lo ha anunciado la portavoz adjunta de IU en el Consistorio, Josefa Medrano, después de haber mantenido, junto al portavoz de su grupo, Antonio Rodrigo Torrijos, un encuentro con el comité de empresa de esta sociedad, que es la encargada actualmente de gestionar el servicio de Atención a Domicilio en la ciudad.
"El PP no puede continuar impasible por más tiempo ante este problema", ha señalado Medrano, que califica de "insostenible" la situación por la que atraviesan los más de 1.700 trabajadores de Claros, mujeres en su inmensa mayoría, "quienes a pesar de las incertidumbres y de las dificultades económicas han permanecido en sus puestos, desempeñando su labor con gran profesionalidad durante estos meses".
En este sentido, Medrano ha incidido en el "drama" que estos retrasos e impagos suponen para los afectados, "máxime cuando la mayoría se encuentra contratado a tiempo parcial y cuando el salario medio en Claros ronda los 650 euros". "Además de la lógica ansiedad e inquietud, todo esto está generando a los trabajadores recargos bancarios en sus diversas domiciliaciones como las derivadas del pago de la luz, agua, teléfono, hipotecas o alquileres", ha apuntado.
"Nos consta que algunos ni siquiera pueden ya costearse el transporte para desplazarse a las casas de los dependientes que tienen asignados, lo cual nos parece sumamente grave", ha apostillado.
La concejala de IU ha subrayado la responsabilidad del Ayuntamiento en este asunto, "en tanto que es el titular del servicio". Sin embargo, "hasta la fecha el alcalde se ha limitado a lavarse a las manos", ha lamentado Medrano, que pedirá en el Pleno que se abandone esa actitud "pusilánime e incompetente y se implique de lleno en la búsqueda de una solución".
Asimismo, indica que no quiere "ni pensar que sea el Consistorio el que no paga a la concesionaria" y ha criticado también la falta de información ofrecida hasta ahora por el gobierno local al respecto, recordando el deber del Ayuntamiento de velar por el cumplimiento del pliego de licitación del servicio. El documento, según ha aseverado, obligaba a la adjudicataria a cumplir el convenio colectivo en vigor, donde se establece el cobro de salarios del 1 al 3 de cada mes, y a dar garantías de solvencia económica mediante una línea de crédito de al menos 90 días.
Por todo ello, Izquierda Unida considera "tremendamente necesario" que el Gobierno local "pase a la acción y se disponga a mediar cuanto antes en este conflicto con el objetivo de mantener el empleo en un sector estratégico y mayoritariamente formado por mujeres y evitar que se siga poniendo en riesgo la prestación de un servicio fundamental, del que se benefician más de 3.000 mayores y personas dependientes en la ciudad de Sevilla".
