Un acuerdo entre las partes personadas ha permitido que el juicio, que estaba previsto en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, haya quedado visto para sentencia sin necesidad de que se tomara testimonio al procesado o a las personas afectadas. El acuerdo ha incluido la rebaja de la pena solicitada inicialmente, que oscilaba entre los cinco años que pedía la Fiscalía hasta los 17 de algunas acusaciones particulares, y también una disminución de las indemnizaciones en un 31 por ciento, que además habrá de asumir la aseguradora de la agencia de viajes para la que trabajó el inculpado.
Según ha explicado a los periodistas tras concluir la vista el letrado Fernando Almendros, que representa a la mayoría de los clientes afectados, fiscal y abogados han acordado atribuirle al agente de viajes un delito de estafa, y no estafa agravada, como pedía el fiscal, y retirar la acusación de algunas de la partes de publicidad engañosa, con lo que la condena se reduce a los dos años. Ahora tendrá que ser la Sala de la Sección Primera la que decida si el procesado ingresa en prisión, o consigue evitarla, puesto que no tiene antecedentes penales.
Los afectados podrán comenzar a cobrar lo que se les estafó en unas dos semanas, aunque no las cantidades íntegras, en total 233.642 euros, de los que sólo quedan por depositar en el juzgado 95.500. Hasta ahora, los perjudicados no han visto un euro de las cantidades de las que fueron privados, según Almendros, que ha indicado además que finalmente el acusado no ha tenido que aportar nada de su bolsillo, puesto que los responsables civiles directos en este caso son la agencia de viajes Ecomar, para la que trabajaba, y su aseguradora.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según la acusación del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, el 6 de septiembre de 2005 el procesado y la agencia Viajes Ecomar suscribieron un contrato en virtud del cual éste se comprometía a captar posibles clientes como promotor en la venta de viajes y paquetes turísticos, y la empresa a facilitar la documentación y colaboración precisa para el desarrollo de su labor. En la contratación del procesado, según la Fiscalía, "influyó poderosamente" la promesa que hizo de facturar 300.000 euros y cobrar la mitad de la comisión que le correspondía.
De esta forma, Francisco L.Q. puso en marcha un plan que había urdido con la finalidad de obtener "un beneficio patrimonial ilícito" y que se desarrolló desde septiembre de 2005 a julio de 2007.
Consistía en atraer a numerosos clientes al ofrecer un producto a un precio muy inferior al del mercado --en ocasiones la tercera parte--, como "señuelo imprescindible" para conseguir su objetivo de manejar un volumen suficiente de dinero que permitiera, por un lado, compensar la diferencia de precio entre el abonado por los usuarios que realizaron efectivamente viajes y, por otro, disponer "en provecho personal" de las cantidades restantes entregadas y que no fueron destinadas a lo concertado.
En definitiva, señala el fiscal, la diferencia de precio que constituía el "ardid" para atraer clientes era compensada con las cantidades entregadas por usuarios futuros como reserva o pago efectivo del viaje que nunca realizaron.
Por otro lado, el agente obtenía de la agencia la documentación referente al viaje o paquete supuestamente contratado --presupuestos, vuelos, hoteles, itinerarios-- así como las reservas oportunas que entregaba a los clientes como acreditativa de las gestiones que realizaba.
Asimismo, se hizo pasar por agente de las empresas Viajes Almeida y Viajes Ecuador, con las que no tenía relación laboral alguna. En estos casos, se presentaba en la agencia como cliente-representantes de un grupo de personas a cuyo nombre realizaba las gestiones oportunas.
Según las acusaciones particulares, durante un año aproximadamente, el procesado se hizo con una amplia cartera de clientes a través del boca a boca gracias a que comenzó ofreciendo sus ventajosas ofertas a colectivos de referencia, como empleados de banca. Así, consiguió que les entregaran diversas cantidades para reservar y comprar viajes, pero el dinero era finalmente desviado a su patrimonio particular o para sus propios gastos.
Los afectados comenzaron entonces a denunciar ante el juzgado la supuesta estafa, y presentaron denuncia más de 230 personas, si bien las acusaciones particulares estiman que el número de posibles víctimas se eleva a 450, puesto que muchos clientes hicieron reservas para grupos de amigos, compañeros o familiares. Por los procedimientos utilizados, el agente consiguió defraudar un total de 372.960 euros.
