La denunciante M.M.G. presentó su primera denuncia a la Policía Local de Sevilla el 27 de enero de 2010, que fue ampliando hasta siete veces para incluir como maltrato psicológico las supuestas presiones para que se sometiera a una interrupción voluntaria del embarazo, obligarla a mantener relaciones sexuales para reconciliarse y finalmente una agresión sexual supuestamente ocurrida el 1 de enero de 2010.
La juez de Violencia sobre la Mujer 1 de Sevilla, en un auto de archivo al que ha tenido acceso Efe, destaca que la denunciante no habló de esa agresión sexual en su denuncia ante la Policía Local ni tampoco cuando el 31 de mayo la ratificó en el juzgado.
En dicha declaración ante el juez, M.M.G. introdujo además una nueva agresión, cuando supuestamente su compañero le había tirado una mesa, hecho que tampoco había relatado a la Policía Local.
Citada de nuevo ante la juez el 7 de febrero de 2011, la denunciante añadió que no solo mantenía las relaciones sexuales para reconciliarse, sino que su compañero lo hacía "por la fuerza, con golpes en la cabeza y tirones de pelo o de las muñecas para vencer su resistencia".
Curiosamente, según el auto de archivo, "nada de esto decía en su escrito de ampliación de la denuncia", presentado en julio de 2010, que consistía en cuatro folios "muy prolijos en otro tipo de detalles".
Manuel Pérez Peña, abogado del denunciado J.M.F., ha destacado a Efe que las investigaciones solo han demostrado "una conflictiva relación entre la denunciante, su madre y el acusado", pues la supuesta víctima "no fue capaz de aportar ni un solo parte médico" sobre las supuestas agresiones sufridas.
El archivo fue apoyado por la Fiscalía de Sevilla, que en un escrito dijo que "ningún dato objetivo corrobora las conductas denunciadas" y que después del "racimo de denuncias que fue interponiendo", la mujer no puede reclamar que se practiquen "hasta la saciedad todas las diligencias imaginables, por la escasa trascendencia que tuvieran".
Según la juez, la denunciante hace un "relato confuso" de las agresiones sufridas, que "ni siquiera delimita de forma razonada y persistente" en un tramo temporal e incluso la interrupción del embarazo "no es subsumible por sí solo en un delito de maltrato psicológico".
El déficit madurativo que denunció tampoco puede integrar una conducta sancionadora "salvo que pretenda convertirse el Derecho Penal en un derecho 'de autor' en el que se sancione la persona y no su conducta".
La hermana de la denunciante, que ratificó el maltrato psicológico, dio un testimonio "cuanto menos dudoso" y resulta "sorprendente" el "tono conciliador" de los correos electrónicos que envió al acusado "si tenemos en cuenta las amenazas y agresión sexual que dijo conocer", según la juez.
Las amenazas de "cortarles el cuello" que dijeron haber oído la madre y abuela "quedan seriamente en entredicho, a la luz de las contradicciones en que han incurrido", dice el auto de archivo, que la denunciante ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial.
