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Sevilla

Inviable si cambian los tipos

La Federación Española de Municipios alerta de que la imposibilidad de amortizar los créditos si hay modificaciones

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  • El alcalde como presidente de la FEMP -

Los ayuntamientos españoles han elaborado sus planes de ajuste tomando como referentes determinadas condiciones, entre ellas un periodo de carencia de dos años o un tipo de interés del 5%. Si estas condiciones cambian, los municipios no podrían hacer frente a la amortización del crédito y serían inviables. Así lo ha alertado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, el mismo día en el que el Ayuntamiento ha optado por aprobar el crédito de 59,6 millones en junta local en lugar de en el pleno, lo que ha provocado las críticas de la oposición, que consideran que se ha “hurtado” el debate sobre el plan de ajuste.

La alerta de la FEMP, que se dirigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que tome cartas en el asunto, se refiere en especial a los tipos de interés, en la mayoría de los casos del 5%, que podrían modificarse a tenor de los últimos vaivenes del sistema financiero español. Para la federación, si se modifican al alza, “haría extremadamente difícil a los ayuntamientos amortizar los cr´weditos y, además, plantearía dudas sobre la validez de los planes aprobados en pleno”

Precisamente este extemo no ocurrirá en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, puesto que el Gobierno de Juan Ignacio Zoido ha decidido aprobar el crédito de 59,6 millones, con los que pagará a 630 proveedores, en junta de gobierno, en lugar de en el pleno como estaba previsto, donde además los socialistas iban a solicitarle que se rebajara, puesto que considera que hay ingresos extraordinarios que podrían hacer descender ese montante, al margen de alertar de que el plan de ajuste municipal supera ese 5% de interés a tenor de los 22 millones de euros que le reportaría en beneficios a la entidad con la que se firme el suntuoso crédito.

Debate hurtado
Lo cierto es que la decisión de no debatir en el pleno el plan de ajuste y el consiguiente crédito de 56,9 millones ha suscitado las críticas unánimes de la oposición, además de que el PSOE está estudiando si se puede impugnar la aprobación en junta. Según el concejal socialista Antonio Muñoz, habrá que ver si se puede impugnar esta decisión y obligar al PP a que lleve a al Pleno "el conjunto de incógnitas sobre el crédito del que aún a día de hoy se desconoce la entidad o entidades, el tipo de interés y las demás condiciones de contratación".

Los socialistas han acusado al Gobierno municipal de "usurpar el debate y de una total falta de transparencia” al suspender el pleno extraordinario del lunes. "El PP ha optado por la aprobación por la puerta de atrás y a oscuras de la decisión más importante y de más calado del mandato, que supone comprometer el futuro del Ayuntamiento durante tres mandatos y echarse una soga al cuello hasta el 2022, con un crédito caro por el que la ciudad tendrá que pagar unos 22 millones de intereses".

De igual forma se ha expresado el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que ha lamentado el "carpetazo" a la tramitación del plan de ajuste, optando por "despachar el tema en una junta de gobierno". Para IU es una "nueva huida hacia delante" del alcalde tratando de "esquivar las críticas que le iban a llover” por ser "el artífice de la mayor agresión conocida en democracia contra los derechos sociales de los trabajadores y de los sevillanos".

Fley: el control del plan será trimestral
La concejal de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, defiende que el plan de ajuste será nuevamente "objeto de debate plenario", cuando se aborden los reconocimientos extrajudiciales de crédito y los suplementos de crédito asociados a dicho documento y "necesarios" para su aplicación. Igualmente, señala, en unas declaraciones difundidas por el Ayuntamiento, que el pleno "controlará trimestralmente" su desarrollo y que no tiene “sentido” crear una comisión más.

En estas declaraciones, Fley esgrime el artículo 52 de la Ley de Haciendas Locales para asegurar que, en aplicación de esta normativa, "el órgano competente es la junta de gobierno", apelando a cuestiones de "agilidad y rapidez" para abonar "facturas de 2004 y 2005".

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