Por 311 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones (Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Herrera, de ICV), el pleno del Congreso, reunido en sesión extraordinaria, respaldó a la ministra de Defensa, que compareció para pedir la autorización correspondiente para participar en la operación Atalanta de la UE contra la piratería.
En su intervención, que comenzó con un recuerdo y homenaje a los tres pilotos del ejército del Aire fallecidos ayer en el accidente de los Mirage F-1 en Albacete, Chacón ha anunciado que este viernes zarparán más de 200 militares a bordo de una fragata, la Victoria, hacia aguas del Índico.
Este grupo forma parte de los 395 soldados que integrarán el contingente español en la misión europea, que tendrá un año de duración y que supondrá para España unos costes de entre 3,7 y 5,1 millones de euros mensuales.
“La operación Atalanta es de vital importancia para la defensa de los intereses geoestratégicos y económicos de España” y va a servir para proporcionar seguridad a nuestros pesqueros”, resaltó la ministra.
Al mando de la fuerza naval
España asumirá el mando de la fuerza naval europea entre abril y agosto, según reafirmó Chacón, quien informó de que en posteriores rotaciones se enviará un buque de aprovisionamiento, que será el petrolero Marqués de la Ensenada, con una dotación de unos 114 militares.
Tras admitir que la misión es “difícil” y de “enorme magnitud”, por el “caos” político en Somalia y su “dramática” situación humanitaria, subrayó que el problema de los piratas constituye una “clarísima amenaza” para la seguridad, que requiere una respuesta internacional urgente.
Según los datos aportados por la ministra, actualmente hay 13 barcos, con 242 marineros, secuestrados, y durante 2008 se registraron 11 ataques a buques, de los que 42 culminaron en captura, cifras que triplican las de 2007.
La portavoz del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, expresó su apoyo a la misión, pero se quejó de la falta de información aportada por Defensa a los grupos parlamentarios sobre la labor de los 395 soldados que van a “jugarse la vida” para proteger a los atuneros.
Rodríguez-Salmones lamentó que toda la documentación enviada al Congreso se resuma en 43 líneas, encabezadas por un título “mal escrito”.
El diputado del PNV José Ramón Beloki valoró la puesta en marcha de la operación después de muchos años reclamando protección para los atuneros que faenan en aguas del Índico, en su mayoría procedentes del País Vasco.
Beloki subrayó que fueron “los pescadores y los armadores vascos los que han hecho tomar conciencia de la gravedad de la situación de las costas somalís”.
“Son ellos los que a nosotros (PNV) nos han activado políticamente en este tema”, aseguró el diputado vasco, quien se mostró “especialmente satisfecho” por que la operación tenga un marco europeo.
El más crítico ha sido el diputado de IU, Gaspar Llamazares, que justificó su abstención en sus dudas sobre si una fuerza militar es el método más apropiado para poner fin a la acción de los piratas.
Llamazares, que rechazó que se asimile “guerra y piratería”, opinó que el operativo militar no es la medida más eficaz para vigilar una zona equivalente a “dos España y dos Mediterráneos”.
Criticó además que soldados españoles hayan estado operando en la zona desde el pasado mes de septiembre sin autorización parlamentaria.
Tras dar su respaldo a la misión, la diputada de CiU María Concepció Tarruella criticó que se siga sin establecer un sistema reglado para aprobar las misiones en el exterior y evitar que no dependa del “capricho” del Gobierno.
Por su parte, desde las filas del PSOE, su portavoz de Defensa, Jesús Cuadrado, subrayó que la misión responde al “dilema moral” de ayudar a millones de somalíes que no tienen acceso a alimentos y que no podrían recibir ayuda si los envíos no estuvieran protegidos por fragatas como la que enviará España.
