El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, consideró ayer “insólito” que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico rechace la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso de la antigua comisaría de la Gavidia para instalar un centro comercial, apelando directamente al presidente de la Junta de Andalucía para que “rectifique”.
El Ayuntamiento pretende con esta modificación cambiar la calificación de la finca en la que se ubica la Gavidia para que deje de estar destinada a dotaciones socio-culturales -Suelo de Interés Público y Social (SIPS)- y se pueda construir una gran superficie comercial en ella.
Sin embargo, el dictamen de la Comisión, dependiente de la Delegación de Cultura, señala que “la implantación de una gran superficie comercial en ese inmueble, con los problemas de accesibilidad actuales, podría producir una merma considerable de los valores ambientales y visuales en ese sector del conjunto histórico”.
Tras esta resolución, el alcalde consideró “lamentable y vergonzoso” que la Junta se haya dejado llevar por “los intereses de partido” y “no permita esto sólo por no querer ayudar al Ayuntamiento de Sevilla”, gobernado con mayoría absoluta por el PP. “La Junta de Andalucía no lo autoriza, pero el PSOE lleva queriendo vender el edificio desde hace varios años”, argumentaba Zoido sobre los intentos del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín de enajenar este inmueble.
Según el alcalde, hay entidades “interesadas en comprar ese edificio para invertir entre 18 y 20 millones de euros”, extremo que se traduciría “en la creación de puestos de empleo en la reconstrucción” del inmueble y el nacimiento de “en torno a 150 puestos de trabajo directos” a través del uso comercial proyectado por el Ayuntamiento para esta finca. “Lo único que queremos es que la Gavidia sea una fuente de oportunidades en lugar de costar dinero a los sevillanos”, enfatizaba el primer edil, pues la vigilancia y mantenimiento de este edificio cuesta “entre 100.000 y 120.000 euros” a las arcas municipales.
Por tal motivo, apeló directamente a José Antonio Griñán para que “reconsidere esta postura y rectifique” y “desde la legalidad vigente, podamos brindar oportunidades a la iniciativa privada y crear puestos de empleo para los sevillanos”.
En cuanto al parking de La Alameda, también rechazado por la Comisión al considerar que incluir aparcamientos intramuros conllevaría una revisión general del PGOU como “figura más correcta”, Zoido defendía que se trata de un proyecto “útil para los sevillanos en general”, que serviría “para revitalizar el centro” y solucionar el déficit de aparcamientos que sufren los vecinos del entorno.
Por su parte, el portavoz del gobierno del Ayuntamiento, Francisco Pérez, tras considerar un “inmenso error” este “bloqueo al futuro” de Sevilla, anunció que ha sido “un trámite más” y que el procedimiento para la Gavidia y el parking “sigue adelante”.
Licitan el nuevo proyecto de la SE-35
La Gerencia de Urbanismo ha aprobado el pliego de condiciones para la redacción del nuevo tramo de la SE-35, por valor de 212.400 euros, que discurrirá entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008, dando servicio al futuro nuevo centro comercial de IKEA.
El comercio ve la postura de la Junta maximalista
El presidente de la Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla (Alcentro), Enrique Arias, ha rechazado que la Comisión Provincial de Patrimonio adopte una posición “maximalista”, ya que se ha pronunciado “adelantándose, cuando ni siquiera está presentado el proyecto municipal”, tras emitir un informe negativo sobre el aparcamiento rotatorio en La Alameda.
A su juicio, la Junta ha incurrido en una “invasión” de competencias municipales, no obstante lo cual en la Junta Directiva de este jueves “informaremos a los asociados de que se están dando los pasos necesarios para habilitar el parking”. Alcentro entiende que los aparcamientos son infraestructuras “necesarias” y que, en el caso de la Alameda, cuenta con un “amplísimo” margen de apoyo.
