El abogado de la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe ha explicado hoy al Tribunal que juzga el caso Malaya contra la corrupción que su cliente pudo equivocarse, unas veces por carencia de formación, otras por falta de experiencia, pero ha destacado que no hubo conducta dolosa.
En su informe final, el letrado Pablo Luna ha pedido una sentencia absolutoria para Yagüe al entender que no se ha podido probar ni un solo hecho delictivo contra ella, y ha asegurado que, a su entender, no hay dolo de intención ni ánimo de lucro.
Ha reconocido que pudo tener "quiebras, pero ni una sola conducta dolosa", ya que Yagüe "confiaba en Juan Antonio Roca", considerado cerebro de la trama del "caso Malaya", pero que era "lógico, era su asesor", ha apostillado.
El letrado ha pedido al Tribunal una sentencia reflejo de una seguridad jurídica y ha agregado que el derecho penal no puede ser de ciudad, de siglas y de antecedentes históricos.
Luna ha lamentado que los acusadores hayan hecho una interpretación extensiva de los delitos y ha recordado a la Sala que los tribunales "tienen limitada su capacidad creativa", por lo que ha concluido que su fin es conseguir un mejor estado de derecho.
Para este letrado se ha tratado de construir un historial perverso del Ayuntamiento de Marbella para enjuiciarlo penalmente como si se tratara de un cadalso de la Edad Media.
Ha criticado que por las partes acusadoras se haya producido "una criminalización generalizada" de los actos administrativos, así como que se pida al tribunal "que invente derecho, que formule nuevas interpretaciones".
Por su parte, José Luis Rueda, el letrado de la que fuera primer teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos, ha pedido también una sentencia absolutoria y se ha quejado de la forma en la que se detuvo a su cliente.
José Luis Rueda ha recordado que Isabel García estaba en el extranjero cuando comenzaron los apresamientos y ella se presentó de forma voluntaria pero se le detuvo e ingresó en prisión.
El abogado ha indicado que García Marcos siempre votó en los plenos conforme a los dictámenes de los técnicos y el secretario y ha añadido que la asesora jurídica de Urbanismo, Raquel Escobar, no está procesada.
La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de treinta años de prisión y una multa de 810 millones de euros para Juan Antonio Roca.
Para la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, la petición fiscal es de dieciséis años de prisión, mientras que para el exalcalde Julián Muñoz se solicita diez años y para la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos, doce años.
El "caso Malaya", cuya investigación judicial arrancó a finales del 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril del 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones del 2007.
