La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, iniciará este mes las obras de las conducciones del embalse de Melonares, en la provincia de Sevilla; una actuación que la Junta de Andalucía “no desarrolló durante los tres años que mantuvo las competencias sobre el Guadalquivir”, muestra de “la pésima gestión” de la Administración andaluza, según afirmó ayer la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.
Crespo, junto al presidente de la CHG, Manuel Romero Ortiz, y la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, anunció que la actuación supondrá una inversión de 41,55 millones, con la financiación mediante fondos propios del Organismo de cuenca y con ayudas de Fondos Feder; a los que hay que añadir proyectos que el Organismo de cuenca desarrolla en la provincia de Sevilla por un importe total de casi 102 millones de euros.
Crespo puso de relieve que, además de la inversión de casi 102 millones de euros en las distintas actuaciones que la CHG desarrolla en la provincia, el total de la inversión para las conducciones del embalse de Melonares asciende a 41,55 millones de euros en dos actuaciones que servirán para garantizar el abastecimiento a la ciudad de Sevilla y su área metropolitana, por lo que se beneficiarán de dicha actuación un total de 38 municipios y 1.220.000 habitantes. La delegada del Gobierno recordó que tanto la modernización del Canal de riego del Viar como las conducciones de conexión de este canal con el sistema de abastecimiento de Sevilla, en concreto con la Estación Potabilizadora de El Carambolo, “debería haberlas terminado la Junta de Andalucía en 2011 y 2010, respectivamente”, y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir debe asumir ambas actuaciones que “le fueron transferidas sin iniciar o ejecutadas únicamente al 1,5 por ciento”.
En este sentido, el presidente de la CHG ha explicado que la modernización del Canal del Viar -30 kilómetros de conducción para el riego-, que cuenta con una inversión de 15,14 millones de euros, fue licitada por el Gobierno en 2008 y la Junta de Andalucía adjudicó provisionalmente esta actuación en abril de 2009. “El contratista constituyó la garantía correspondiente, pero que la Administración autonómica no efectuó ningún trámite”, dijo.
