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Los políticos se enzarzan en la ‘penúltima’ bronca por la huelga

El acuerdo entre las partes no cierra el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Junta

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  • La acumulación de basura y los altercados públicos han centrado el debate político estos días. -

Políticos de distinto signo continuaron ayer con el enfrentamiento iniciado días atrás como consecuencia de la huelga de Urbaser y de los altercados callejeros registrados esta semana en Jerez. La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, consideró “inasumible e inaceptable” que el Ayuntamiento acusara a su departamento de no actuar “por criterios partidistas”, acusando al Gobierno local de haber concentrado más esfuerzos “en echarle la culpa a la Junta que en sentarse con empresarios y sindicatos” en busca de un acuerdo.

“Esta consejería ha sido siempre ejemplar en el abordaje de los temas de salud pública, decretando la alerta cuando los expertos así lo establecen. Sería muy peligroso que alguna formación política tuviera la tentación de utilizar la capacidad que se le otorga a la autoridad sanitaria para decretar estados de riesgo sin que los hubiera”, apuntó Montero.

La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, consideró por su parte “lamentable” que la alcaldesa tardara 20 días en sentarse con los trabajadores para buscar una solución al conflicto, obligando a los jerezanos a “pagar” su “soberbia e incompetencia”.

El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, tachó de “increíble” la “falta de respeto, sensibilidad y responsabilidad” mostrada por la Junta en todo el conflicto. Además, advirtió de que al PSOE “se le debería caer la cara de vergüenza” porque es el partido que ha originado que la situación del Ayuntamiento sea “prácticamente insostenible”.

La rueda de descalificaciones mutuas también sigue instalada en la clase política local. La secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, atribuyó a la “mediación de la Junta” la resolución del conflicto. 

De hecho, destacó que fue la decisión del delegado del Gobierno de la Junta de convocar a trabajadores y empresa a una reunión lo que provocó que la alcaldesa “se mojara”. “Ha sido necesario que la Junta interviniera para forzar a la alcaldesa a que se dignara por fin a asumir sus responsabilidades y a mediar entre las partes”, añadió.

La portavoz de Foro Ciudadano, Rocío Montero, condenó la “inoperancia” del Gobierno local, a quien responsabilizó de los hechos ocurridos estos últimos días en la ciudad, aprovechando la ocasión para felicitar a los trabajadores de Urbaser por su “dignidad y pelea”, que ha permitido que la empresa ceda a “parte de sus demandas”. “La señora Pelayo ha optado por esconder la cabeza debajo del ala, poner a la opinión pública en contra de la plantilla con manipulaciones y falacias, y ejercer de portavoz y vocera de la todopoderosa Urbaser”, apostilló.

La coordinadora local del PP, Lidia Menacho, cerró el círculo de reproches lamentando la actitud del “bipartito PSOE-IU” que a última hora se ha querido “apuntar un tanto a costa de la basura” después de que se hubiera limitado a “poner chinas en el camino y tratar de llevar el caos a la ciudad”.  

Además, advirtió de que el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, está “rabioso porque ha acabado el conflicto de la basura”, cuando en los últimos días “ha alentado la crispación con sus habituales métodos, muy conocidos por los jerezanos, y sus manipulaciones”. “Y no se ha salido con la suya, por eso está que trina”, zanjó.

“En beneficio del bolsillo de todos”

La alcaldesa, María José García-Pelayo, pidió “disculpas” a los jerezanos por las molestias de estos días, pero recordó que ha sido un “esfuerzo necesario” que al final va “en beneficio de sus bolsillos”. Y es que, según explicó, tanto Urbaser como sus trabajadores han sido “generosos” y han “cedido”, de manera que ambas partes asumirán la rebaja del coste de un servicio que era “excesivamente costoso para las arcas municipales y, por tanto, para el bolsillo de todos los jerezanos”. García-Pelayo se mostró finalmente convencida de que ha existido un “riesgo para la salud pública”, en contra de la opinión de la Junta.

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