El delegado de Urbanismo ha lanzado duras críticas contra el plan Ola de la Junta de Andalucía, ya que los criterios para arreglar la red de centros educativos de Arcos no se corresponden ni con los de los directores de los propios centros afectados ni con los del Ayuntamiento.
El delegado Manuel Erdozain cita como ejemplo los casi 400.000 euros concedidos al colegio San Francisco para la construcción de un gimnasio, cuando este centro viene reclamando otras actuaciones más necesarias, como la adecuación de la contigua calle Ubrique para evitar inundaciones, el arreglo del techo que registra en torno a 40 años de antigüedad, la reposición de puertas y ventanas, etc. Para Erdozain, un nuevo gimnasio no supone una prioridad cuando el propio centro demanda otras obras, por lo que consideró esta intervención un despilfarro en estos tiempos de crisis. Llegó a señalar que el director del colegio se quejó personalmente a la Delegación Territorial de Educación sin que le hicieran caso.
En la misma situación se encuentra el IES Alminares, que al parecer lo que realmente demanda es el arreglo de la calefacción y aire acondicionado, como también se ejecutarán otras obras no demandas en los colegios Las Nieves o Juan XXIII de Jédula, según el responsable municipal de Urbanismo.
Pero sobre todo puso el grito en el cielo por el caso del CEIP Campoameno, donde existen unos aseos clausurados desde hace más de dos años. Su arreglo supondría una inversión escasa ante el beneficio que reportaría la obra a los alumnos del centro. Sin embargo, este colegio, pese a ser uno de los que se encuentran en peores condiciones, no ha entrado dentro del plan Ola de la Junta. Por el contrario, Erdozain recordó la reciente actuación del Ayuntamiento en este colegio para sellar el techo del comedor, por lo que agradeció a los padres de alumnos y a la comunidad educativa su paciencia y comprensión ante la situación.
Además, puso en entredicho la capacidad de generar empleo por parte del plan Ola, ya que la creación de puestos es una de sus filosofías. En este sentido, retó al PSOE y a la Junta a que diga cuántas empresas de Arcos se beneficiarán por las obras proyectadas en los colegios, ya que el proceso de adjudicación se realizará desde Cádiz. El reto está ahí, según Urbanismo.
críticas al psoe arcense.
Sin embargo, el delegado entiende que el plan PILA del Ayuntamiento sí goza de un rédito social al emplear a los arcenses. Igualmente, Erdozain critica que el PSOE haya comenzado en la barriada Juan Carlos I su campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno central un plan de empleo especial para Arcos. Para el también secretario General de Ai-Pro, se trata de un gesto electoralista porque el PSOE perdió muchos votos las pasadas elecciones en la citada barriada en beneficio de Ai-Pro.
También recordó a los socialistas que las competencias de empleo son de la Junta y que, por tanto, deje de “engañar” a los ciudadanos de Arcos. Llegaría a decir que el PSOE emplea “triquiñuelas para engañar a los vecinos”. Sobre este asunto, reclamó por último una reflexión a la opinión pública sobre el modo de actuar del PSOE y sobre el trabajo en materia de empleo que, según explica, realiza sin distinción de ideologías políticas el equipo de Gobierno que comparte con el PP.
De otra parte, ha reclamado su participación en las gestiones realizadas para que la Junta proceda al desvío del arroyo que cruza El Santiscal y con ello evitar las inundaciones en la zona. Como secretario de Ai-Pro ha recordado que su partido siempre se ha posicionado a favor de las obras, las cuales ha reivindicado en constantes ocasiones ante la Junta de Andalucía. Dijo que, aunque el partido no goce de parlamentarios, diputados, etcétera, su compromiso con los vecinos de El Santiscal siempre ha estado presente.
De esta manera reivindicó su papel como “socio legítimo del equipo de Gobierno”, como también solicitó al PSOE y a IU que se sumen a la petición que hará el PP en el Parlamento andaluz para que la Junta libere un millón de euros para las obras en la barriada arcense.
En La Perdiz
Urbanismo también ha anunciado esta semana la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la barriada de La Perdiz que llevará el Gobierno al próximo pleno, el cual podría tener lugar los últimos días de este mes. La intención de esta medida no es otra que ajustar el citado documento a la realidad urbanística actual, ya que el PGOU en este sentido data de 1994.
Pero como objetivo, si cabe, más importante se encuentra poner fin a las desavenencias que existen entre algunos propietarios a título particular con la Sociedad Cooperativa Andaluza de la Vivienda de La Perdiz, un colectivo creado precisamente entre propietarios para administrar las distintas parcelas. Así, la Delegación de Urbanismo actúa de mediador en este asunto, con lo cual pretende buscar una solución a un conflicto casi endémico que no ha visto la luz durante los últimos años.
Según explica el delegado municipal del área, Manuel Erdozain, son ya muchos los años en que se viene intentando dar una solución jurídica a la situación urbanística de la barriada rural, en la que el 60 por ciento de los propietarios goza de una situación legal al poseer sus escrituras públicas. Sin embargo, el resto no disfruta de esta situación.
Manuel Erdozain destaca que el Ayuntamiento ha conseguido resolver en los últimos quince meses un total de quince escrituras, pero entiende que el enfrentamiento entre los vecinos afectados debe acabar en aras a la regularización urbanística y de la convivencia en sí.
De este modo, también destaca el apoyo dado al equipo de Gobierno por el presidente de la cooperativa de viviendas, Pedro Palacios, en todo este proceso. Asimismo, Erdozain agradeció el trabajo técnico de sus compañeros de Urbanismo y del arquitecto José Ignacio Ruiz de Terry.
Una vez que la modificación sea aprobada en el pleno, deberá dirigirse de nuevo a la Consejería de Obras Públicas para su aprobación definitiva.
