El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández, y la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Granada Santos, han defendido este miércoles que el decreto sobre la función social de la vivienda aprobado por el Ejecutivo autonómico dará una "respuesta inmediata" a 27 familias de la provincia en máximo riesgo de exclusión social y sobre las que pesan amenazas de desahucio o graves dificultades para acceder a una vivienda. La aplicación de la nueva regulación, además, puede contribuir a la "desaparición" de las numerosas ocupaciones ilegales de vivienda que salpican la provincia como consecuencia del avance de la crisis.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó este martes el decreto sobre la función social de la vivienda, destinado a convertirse en un proyecto de Ley. Esta nueva regulación, nacida a cuenta de la proliferación de los desahucios, contempla la creación de un registro de viviendas deshabitadas, subvenciones dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, así como incentivos fiscales, para que pongan en alquiler tales viviendas, e incluso un régimen sancionatorio para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso su 'stock' residencial y no destinen al arrendamiento.
EXPROPIACIÓN TEMPORAL EN CASOS EXTRAORDINARIOS
También contempla, y esto es lo más llamativo, un procedimiento de expropiación temporal por un periodo de tres años que se aplicaría como medida excepcional en los casos de las viviendas cuyo desalojo o desahucio haya sido reclamado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, siempre que se trata del domicilio habitual de las personas físicas afectadas y que el desahucio pueda generar una situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales. También debe mediar, para el cumplimiento de esta medida excepcional, un "menos cabo sobrevenido" de las condiciones económicas de las personas físicas afectadas respecto a la situación conforme a la cual fue concedido el préstamo de cuyo impago deriva el desahucio.
Pues bien, Francisco Javier Fernández y Granada Santos han celebrado este miércoles una rueda de prensa para dar cuenta de los aspectos de esta nueva regulación. Ambos han reconocido que, en efecto, el procedimiento de expropiación temporal de viviendas constituye la medida "más mediática" del decreto, pero han desgranado todos los términos del mismo, desde los incentivos al alquiler al régimen sancionatorio, para defender que el espíritu de este decreto es poner sobre la mesa "medidas inmediatas" para resolver el drama de la vivienda.
VIVIENDAS "OCIOSAS"
En ese sentido, han expuesto que mientras en Andalucía "entre 700.000 y un millón de viviendas" permanecen "ociosas", sólo en la provincia de Sevilla el registro de demandantes de vivienda en régimen de alquiler cuantifica un total de 15.581 personas que reclaman acceso a una vivienda en alquiler acorde con su condición socioeconómica. La aplicación del decreto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según han expuesto, dará una "respuesta inmediata" en la provincia de Sevilla a 27 familias sin posibilidad de acceso a un techo o amenazadas de desahucio y que afrontan tal lance en una situación de máximo riesgo de "exclusión social".
Sobre la medida extraordinaria de la expropiación, Fernández y Granada Santos han reconocido que se trata de un procedimiento "de último recurso" sujeto siempre a la acreditación técnica del riesgo de exclusión social de estas familias en cuestión. No obstante, han defendido que el conjunto del decreto constituye un "giro radical" en materia de vivienda al desequilibrar "la balanza" hacia "el lado de la ciudadanía". "Este decreto da respuesta a las demandas de la sociedad marca una clara diferencia respecto a otras administraciones que desoyen a la ciudadanía e incluso hacen caso omiso", han señalado sobre el Gobierno central del popular Mariano Rajoy.
