El Ministerio Fiscal ha solicitado finalmente una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el exalcalde jerezano Pedro Pacheco por el 'caso asesores', en el que está acusado de un delito continuado de prevaricación, malversación y falsedad documental. Esta petición supone una rebaja de casi 12 años de cárcel respecto a la petición inicialmente formulada.
Por su parte, la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Jerez también ha decidido hacer una rebaja considerable en su petición de pena, que fija en cuatro años y seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación. Cabe recordar que en un principio solicitaba 18 años de cárcel para el exalcalde.
Para los exasesores andalucistas imputados, José López y Manuel Cobacho, la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel, más ocho años de inhabilitación para el primero y siete para el segundo. Se les imputan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El juicio, que se ha desarrollado desde el lunes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha quedado visto para sentencia tras la sesión de este viernes, en la que Fiscalía, la acusación y las defensas de los procesados han presentado sus conclusiones finales tras una semana en la que han declarado ante el tribunal casi una veintena de personas entre testigos, entre ellos la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, que puso el caso en manos de la Fiscalía, y los peritos.
En su exposición de conclusiones finales, desde el Ministerio Público se ha resaltado la “evidencia” de que los exasesores imputados “no fueron nombrados” por Pleno ni se publicó su designación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), condiciones “irrenunciables” que exige la normativa para el personal eventual de confianza.
En este sentido, la fiscal ha reiterado que tras la constitución del pacto político PSOE-PSA y la asignación de las atribuciones y del número de asesores a los pocos días en Pleno en enero de 2005, los que correspondían al PSA --entre el grupo político y la presidencia-- “ya estaban nombrados” y por ello ha concluido que las contrataciones posteriores a los dos exasesores por parte de Pacheco eran “ilegítimas” e “irregulares”.
Asimismo,ha advertido de que “en una administración pública nadie puede hacer lo que le dé la gana con dinero público”, tras considerar probado el “fraude” que suponen las contrataciones de los dos exasesores para las empresas municipales de Emusujesa y Speed Festival que ordenó el exalcalde Pedro Pacheco con la finalidad de “sustraer caudales públicos” para sus “amigos” y “compañeros de partido”.
Desde la acusación particular que encarna el abogado Juan Pedro Cosano en nombre del Ayuntamiento de Jerez, ha considerado “probado” que los contratos de López y Cobacho son “ilícitos” porque fueron realizados “por una persona sin capacidad para contratar” (por Pacheco), “se ocultaron al Gobierno local”, por la “ausencia de procedimiento” y con el objetivo de “enriquecer a los adjudicatarios” de dichas contrataciones.
La acusación también ha resaltado que Pacheco contratase a estos dos asesores para Emusujesa y Speed Festival pese a “despachar” con ellos en la Gerencia Municipal de Urbanismo y ha asegurado que detrás de esta decisión estaba el hecho de que la GMU era “el buque insignia” e “iba a ser mirada con lupa” por Sánchez, su socia de Gobierno en esta etapa, frente a las otras dos sociedades “más opacas y con poca relevancia pública”.
Asimismo, ha asegurado que “hay que acabar” con “esa sensación de impunidad” que existía en el Ayuntamiento de Jerez y ha puesto el ejemplo de las reuniones de trabajo “en los bares” a las se han referido algunos de los testigos que han comparecido estos días.
Por su parte, el abogado de la defensa de Pacheco ha reconocido que aunque “pueda haber meras infracciones administrativas” en las contrataciones de estos asesores, las elevadas penas solicitadas inicialmente tanto por la Fiscalía como por la acusación suponen “criminalizar algo que debería haber ido en todo caso a otro orden jurisdiccional”.
Así, ha concluido con que el elexalcalde como vicepresidente de Emusujesa y Speed Festival tenía “competencias delegadas” por la entonces alcaldesa “para contratar” y se limitó a “dar la orden” al departamento técnico de las dos sociedades municipales para materializar los contratos y ordenar los pagos mensuales.
