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El PP denuncia una filtración de dos informes a Sotogolf

Palma dice que ?toda la Corporación tiene sospechas de quién ha podido ser?

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  • Un momento de la sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre, celebrada en el Palacio de los Gobe -
  • Ruiz Boix ha solicitado a Multimedia una copia del último Pleno ?para aclararme un poco?
La Corporación sanroqueña dio cuenta ayer, durante la celebración de la sesión ordinaria correspondiente al presente mes de noviembre y presidida por el alcalde accidental, José Antonio Ledesma, del escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la parcela 022-TG, ubicada en la pedanía de Torreguadiaro.

Aunque sólo se trataba de dar cuenta, el concejal ex delegado Juan Carlos Ruiz Boix inició un debate centrado en sus “dudas” sobre lo, a su vez, debatido y aprobado durante la última sesión extraordinaria, cuando se dio el visto bueno a enviar varios informes municipales al TSJA para que el órgano judicial decidiese sobre la ejecutabilidad o no de la sentencia.

Boix dijo ayer que ha solicitado a la empresa municipal de Medios de Comunicación (Multimedia) el vídeo donde se encuentra almacenada la grabación de la sesión extraordinaria anterior, “para aclararme un poco más” y enviarla al TSJA, ya que “creo que lo que voté no es lo que hemos enviado a Sevilla”.
Además, Boix afirmó que, si los miembros de la Corporación hubiesen tenido conocimiento antes de comenzar el anterior Pleno extraordinario “de lo que se iba a enviar a Sevilla, el resultado” de la votación “hubiese sido otro”. Boix criticó también que la addenda presentada por el Partido Popular (PP) local al inicio de la última sesión extraordinaria supuestamente no va firmada por miembro alguno de tal formación.
Por su parte, el PP le contestó que durante aquel Pleno se acordaron tres puntos.

“No sé el empeño de algunos en que se mande el informe de Cuatrecasas y el de la Diputación Provincial” al TSJA, dijo el portavoz del PP, Fernando Palma, quien aprovechó para decir que ayer llegó al Ayuntamiento una providencia del TSJA con la que le notifica a la institución municipal que la empresa Sotogolf (una de las implicadas en el 022-TG) le presentó el pasado 18 de octubre un escrito con unas alegaciones, junto con las cuales le aportaba los informes de Cuatrecasas y de la Diputación Provincial, favorables a la ejecutabilidad de la sentencia.

Filtraciones
Por ello, el PP denunció que Sotogolf esté en posesión de un informe “que no es público y que es patrimonio del Ayuntamiento (sólo pueden tener acceso a esos documentos políticos que lo tienen en su poder)” y preguntó quién ha filtrado ambos documentos a Cuatrecasas. “Toda la Corporación tiene sospechas de quién ha podido ser”, señaló Palma, quien sostuvo que “se ha cometido una irregularidad”.
“El informe de Cuatrecasas dice que nadie puede hacer uso del mismo, excepto aquellos que están relacionados con el caso, que es el Ayuntamiento, y que para utilizarlo se necesita expreso consentimiento y por escrito del gabinete jurídico de Cuatrecasas”, puntualizó Palma.
También hubo un punto de fricción entre Boix y Palma sobre el coste del informe de Cuatrecasas, encargado por el Ayuntamiento, diciendo el PP que costó 30.000 euros y después diciendo el PSOE, ciñéndose a un decreto del mes de julio, que costó 18.000 euros menos. Boix comentó que “no sé quién le habrá podido pagar la diferencia, en caso de que lo que diga (el PP) sea verdad”.

Posteriormente, el concejal del PP José Cabrera intervino para expresar su hartazgo sobre la polémica del 022-TG. “Estoy del tema hasta la coronilla. Esto ni me va ni me viene. Quiero que se arregle y quiero el mejor resultado positivo y menos lesivo para San Roque”, afirmó después de decirle a Boix que “se toma” el 022-TG “como un tema personal”.

Cuitas internas
“No utilizo esto para resolver las cuitas internas del Gobierno municipal”, señaló Cabrera a Boix, aclarándole después a éste que “Ledesma controla perfectamente todo el poder del PSOE de Cádiz”, mientras que los miembros socialistas del equipo de Gobierno “no son capaces de gobernar, sólo son capaces del 022-TG”.
Además, Cabrera comentó que, mientras que el Pleno sólo decide qué se envía y qué no se envía al TSJA, es el equipo de Gobierno el que tiene entre sus manos el ejecutar posteriormente tal envío. “Cada uno, políticamente, intenta manejar la situación”, añadió el popular.

Boix le replicó diciendo que “a quien va dirigido el que se pueda ejecutar o no (la sentencia), la responsabilidad es del Pleno, no del equipo de Gobierno”. El edil socialista contestó también a Cabrera “que no diga que no tiene nada que ver con el asunto, ya que formaba parte de la mesa de contratación” que adjudicó la parcela 022-TG a la empresa Vverh. “Usted provocó, junto a su grupo, este asunto. No pase ahora la pelota al equipo de Gobierno. Lo que se envía no es o no debe ser lo que decide el equipo de Gobierno”, dijo Boix a Cabrera.

El Pleno de ayer también dio cuenta de un escrito enviado por Sotogolf a concejales de la Corporación. El secretario general del Ayuntamiento leyó el escrito ante el Pleno. Una vez finalizada la lectura, sin comentarios por todas las partes, Ledesma ironizó al final que “nos damos cuenta de lo que nos damos cuenta”.
Tal escrito y otros enviados por Sotogolf, seis o siete en total durante los últimos meses y años según el PP, fueron el argumento de la moción de urgencia presentada por el PP al final del Pleno. La urgencia de la moción fue aprobada con la abstención del PSOE, y durante la cual Palma expuso que en las mismas “presuntamente se estaría amenazando para no sabemos qué a técnicos y a miembros de la Corporación”.

Medidas
Ante la situación, el PP propuso la aprobación de dos medidas. Por un lado, que el gabinete jurídico del Ayuntamiento determine si hay o no un supuesto delito de amenazas en las cartas y que, de ser así, que se tomen medidas jurídicas contra Sotogolf.
“Podría haber presiones que debilitan al Ayuntamiento. No podemos permitir que una empresa, utilizando presiones, consiga sus objetivos”, recalcó el PP.

El Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), por su parte, se mostró “asombrado” de que “se envíen cartas de este tipo como intentando meter miedo en el cuerpo. No se pueden hacer esas advertencias previas sin saber las opiniones de los técnicos”, expresó su portavoz, Jesús Mayoral.

Las medidas del PP fueron aprobadas igualmente con la abstención del PSOE y con el voto positivo clave de Unidad por San Roque (USR), cuyo portavoz, José Antonio Ledesma, sin entrar a valorar si hay o no un supuesto delito dentro del contenido de las cartas, sí le pareció, “cuanto menos, de mal estilo escritos de ese tipo”.
Boix, durante el debate de este punto, afirmó que, “cuando recibo la carta, recibo advertencias y no amenazas”. Boix, aunque informó que se iba a abstener de todas formas, propuso al PP que incluyera dentro de su moción un escrito de Vverh difundido, según el edil socialista, en la prensa a principios del pasado mes de agosto, y en el que supuestamente también pasaba algo parecido a los escritos enviados por Sotogolf. El PP le replicó que, como de todas formas iba a votar abstención, no iba a incluir el añadido en su moción.

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