El dueño de varios prostíbulos de Sevilla y Cádiz se ha retractado hoy ante la juez de sus afirmaciones en las que alegó que sus negocios eran legales porque nunca le habían denunciado los numerosos policías y miembros de la administración de justicia que los frecuentaban.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el imputado Ángel R.P. ha comparecido hoy ante la juez de instrucción 5 en la pieza referente a la responsabilidad subsidiaria de sus empresas, después de hacerlo el pasado viernes como imputado por las presuntas actividades ilegales de los prostíbulos que regentaba.
El juzgado está tomando declaración estos días a algunos de los 52 acusados por una red de clubes de alterne en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, entre los cuales se encuentra el exconcejal socialista de Ayamonte (Huelva) Carlos Fernández.
Las actuaciones acumulan 32 tomos y estuvieron bajo secreto sumarial durante dos años para investigar presuntos delitos de organización criminal, prostitución, blanqueo de capitales, cohecho y contra los derechos de los trabajadores pues presuntamente traían a jóvenes extranjeras para prostituirlas en España.
Ángel R.P. alegó en su declaración del viernes pasado que sus negocios llevaban décadas abiertos y eran frecuentados por miembros de los cuerpos de seguridad y personal de la administración de justicia, a los que podría identificar, y añadió que estas personas se tendrían que haber dado cuenta y haberle denunciado años atrás en caso de haberse percatado de algún delito.
Fuentes del caso han informado a Efe de que hoy ha comparecido de nuevo ante la juez como responsable subsidiario de sus empresas y ha matizado esas palabras diciendo que no quiso señalar a nadie.
Los imputados que han comparecido hoy ante la juez se han acogido a su derecho a no declarar y, en el caso de los empresarios, han aportado las escrituras y documentos de sus respectivos negocios, han precisado las citadas fuentes.
La operación policial contra la red de prostíbulos, que llevó a cabo la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, se cerró con 25 personas detenidas y medio centenar de imputados, en relación con seis clubes de alterne ubicados en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
