Doce años y tres meses de cárcel. Eso es lo que pide la Fiscalía para un funcionario de la Oficina de Extranjería de Huelva que en breve se sentará en el banquillo acusado de un delito de cohecho continuado, cinco delitos de solicitud sexual en el ejercicio de funciones públicas, y otros dos de abusos sexuales. En resumen, se le acusa de pedir dinero y favores sexuales a mujeres inmigrantes a cambio de permisos de trabajo y residencia.
Los hechos enjuiciables se remontan a 2006, cuando la Oficina de Extranjería estaba en la Casa del Mar, y el propio fiscal reconoce en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Viva Huelva y que ha sido adelantado por ABC, que el caso “ha sufrido dilaciones extraordinarias e indebidas en su tramitación”.
Según se recoge en este escrito, el acusado, que tenía a su cargo la tramitación de expedientes de ciudadanos extranjero, presuntamente solicitó y obtuvo dinero de dos ciudadanas de origen chino, también imputadas en el caso y que se enfrentan a 11 meses de cárcel cada una por un delito continuado de cohecho.
Una de ellas, con cuatro negocios empresariales en Huelva, presuntamente pagó al acusado 8.000 euros en agosto de 2006 para que éste tramitara de forma positiva diversas solicitudes de trabajo y residencia de ciudadanos chinos.
Por su parte, la segunda imputada, con varios negocios de hostelería, también habría pagado al imputado 5.000 euros en agosto de 2006 por la tramitación favorable de cinco expedientes a favor de ciudadanos chinos en 2005 y de otros cuatro expedientes a favor de otros tantos ciudadanos chinos en 2006, personal que necesitaba contratar para sus negocios.
‘Modus operandi’
La Fiscalía asegura en su escrito que el funcionario imputado, a fin de evitar ser identificado como único tramitador de estos expedientes, “usaba en ocasiones los ordenadores de otros funcionarios y empleados de la Oficina Única de Extranjería cuyas contraseñas conocía”.
Curiosamente, estos expedientes presuntamente ilegales han desaparecido “sorprendentemente” de Extranjería, no existiendo soporte en papel de los mismos ni copia digital.
“Favor con favor se paga”
La parte más sórdida de las conclusiones provisionales del escrito de calificación del fiscal es la referida a los presuntos abusos sexuales. Así, el acusado presuntamente habría requerido favores sexuales a al menos dos testigos protegidas y otras tres mujeres, que testificarán en el juicio, bajo el argumento de que “favor con favor se paga” o “si te portas bien, yo me porto bien”.
Una de las testigos relata que acudió al acusado interesada en la regularización de su hijo, y que éste, “insistiéndole en que era la única persona que podía ayudarla, procedió a tocarle los pechos por debajo de la ropa, cogiéndole una de sus manos y poniéndosela encima de sus genitales”. Un día después, la testigo acudió de nuevo a la Casa del Mar acompañada de su marido, al que obligó a esperar fuera. Una vez dentro del despacho, el acusado presuntamente se desabrochó los pantalones con la intención de que la testigo le practicara una felación, “lo que efectivamente hizo a fin de tratar de regularizar la situación de su hijo”. Y en una última visita, el acusado “manoseó con ánimo libidinoso sus pechos y genitales”. Más tarde, le comunicó que podía hacer nada por el expediente de su hijo.
Este es uno de los relatos que se escucharán durante el juicio, en el que el acusado, además de los 12 años y 3 tres mes de cárcel, también se enfrenta a siete años de inhabilitación en su cargo de funcionario y al pago de 11.000 euros en concepto de indemnización por las solicitudes sexuales y los abusos.
