El Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha dictado auto de procedimiento abreviado en el caso 'Arcos', investigación contra la presunta corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga), que ha puesto de manifiesto la existencia de indicios de que, "como contraprestación por actuaciones de carácter delictivo, se exigió dinero por parte de autoridades o funcionarios", como el exalcalde de dicho municipio José Manuel Martín Alba.
La instructora ha decidido seguir la tramitación de la causa por el trámite del procedimiento abreviado por si los hechos imputados a 51 personas, entre ellas el exregidor, fueran constitutivos de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, falsedad en documento público, contra la ordenación del territorio, cohecho, estafa, malversación de caudales y tráfico de influencias, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Además, se ha acordado el archivo de las causa respecto de 18 personas. Según ha informado el TSJA en un comunicado, se ha dado traslado de las actuaciones al fiscal y a las acusaciones particulares para que realicen escrito de acusación, pidiendo la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, aunque podrán solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que estimen imprescindibles para la acusación.
El objeto del presente procedimiento lo constituyen diversas actuaciones con relevancia penal, que en el ámbito urbanístico se vinieron desarrollando en el municipio de Alcaucín, después de que el ahora exalcalde fuera elegido como regidor en 1991, y hasta 2009, año en el que presentó su dimisión tras ser detenido en febrero. Martín Alba estuvo en prisión de donde salió en junio de dicho año, tras pagar 120.000 euros de fianza.
A través de las declaraciones prestadas tanto por trabajadores del Ayuntamiento como por promotores y otros testigos, ha quedado indiciariamente acreditado que éste era quien adoptaba todas las decisiones municipales en materia urbanística, gran parte de ellas sin recabar los preceptivos informes jurídicos y técnicos, según han indicado desde el alto tribunal andaluz.
Los principales imputados, además del exregidor, son el asesor urbanístico con despacho en Alcaucín, que, a pesar de carecer de título, era considerado por sus clientes como abogado. A éste, se le atribuyen un papel "fundamental" por ser quien, "conocedor de las debilidades del sistema por su dedicación profesional, ideó la mayor parte de actuaciones tendentes a la ocultación de la ilegalidad de las actuaciones urbanísticas desarrolladas".
Asimismo, también está entre los principales imputados el arquitecto colegiado y funcionario del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, "sin olvidar la relevancia de la actuación pasiva y negligente del secretario del Ayuntamiento", con iniciales E.R.M.C., "persona responsable de velar por el respeto a la legalidad en la actuación administrativa municipal", han manifestado.
La investigación a lo largo de más de cuatro años ha puesto de manifiesto inicialmente que a través del dictado de resoluciones contrarias a la normativa urbanística, por parte del exalcalde de Alcaucín se autorizó la parcelación y urbanización del suelo clasificado como no urbanizable y la realización de cientos de construcciones contrarias a la normativa urbanística.
Asimismo, por medio de informes y certificados falsos, emitidos por distintos imputados, "se trató de dar apariencia de legalidad a las licencias y a las construcciones, siendo utilizados para alterar el contenido de la base de datos del Catastro y del Registro de la Propiedad".
Además, existen "indicios fundados" de que, "como contraprestación o recompensa por la realización de estas actuaciones de carácter delictivo, se exigió dinero por parte de distintas autoridades o empleados de organismos públicos", tales como el exalcalde, el arquitecto de la Diputación o trabajadores del Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial y de la Gerencia Territorial de Catastro.
