El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recibido hoy, miércoles, en su despacho al vecino de Miraflores que se ha acogido al denominado “decreto antidesahucios” de la Junta de Andalucía.
Actualmente, alrededor de una veintena de familias andaluzas se han acogido a esta medida autonómica y podrán permanecer en sus viviendas, de las que iban a ser desahuciadas por los bancos. El Gobierno Central ha anunciado que va a recurrir este decreto ante el Tribunal Constitucional.
Tras atender al vecino, el primer edil ha declarado que “espero que no se cumpla el anuncio del Gobierno del PP”.
En caso de que, finalmente, sí se presente el recurso ante el TC, Ruiz Boix exigió al Partido Popular “que diga qué respuestas piensa ofrecer a familias como ésta de Miraflores, porque gracias a este decreto tienen la seguridad de que van a poder estar en su casa durante tres años pagando un mínimo alquiler social”.
El primer edil indicó que el decreto “es una medida totalmente legal que se ha aprobado en el Parlamento Andaluz. Durante la votación, ni siquiera el PP votó en contra, sino que se abstuvo. Ahora mismo -añadió el alcalde-, el Gobierno Central sólo cuida los intereses de los bancos, y no los de las familias, ahondando en el distanciamiento del Partido Popular con los problemas de la sociedad, de las familias, de las personas en el paro...”.
El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes aprobó pedir al Consejo de Estado un informe sobre la constitucionalidad del citado decreto, ya que el Gobierno considera que permite una supuesta desigualdad entre los ciudadanos andaluces y los del resto del Estado. Hay que recordar que el Parlamento de Navarra aprobó hace unos días una norma similar a la andaluza.
El decreto de la Junta de Andalucía persigue el cumplimiento de la función social de la vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
