El Partido Popular de Huelva ha exigido este viernes las dimisiones del exalcalde socialista de Almonte Francisco Bella; del concejal y diputado provincial del PSOE, José Villa, y del resto de miembros de la anterior corporación tras ser procesados por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación pública en la compra del campo de golf de Matalascañas en 2009.
El portavoz del equipo de gobierno de Almonte, el popular José Joaquín De la Torre, ha recordado que en la anterior legislatura, cuando el proceso de compra del campo de golf se estaba llevando a cabo, "todos los partidos políticos en la oposición --PP, IU y PA-- se opusieron frontalmente a esta operación especulativa" que, a su juicio, "sólo buscaba solucionar los problemas de los empresarios amigos del PSOE en Almonte", según ha informado el PP en una nota.
Ya en aquel momento, ha añadido, "todos los partidos nos pronunciamos claramente en que esta operación más tarde o más temprano acabaría en los juzgados". Por ello, ha explicado que "no se puede pedir otra cosa que la dimisión a un representante público que, con dinero de los ciudadanos, cierra una operación de compra de una sociedad mercantil por un precio que supera en 4,3 millones de euros el valor real de la operación", tal y como demuestra la tasación pericial encargada por el propio el juez y que revela que el Ayuntamiento "valoró y pagó un 150 por ciento más del valor real".
A partir de aquí, ha señalado, "el auto es claro y conciso", indicando además que es "demoledor porque, entre otras cosas, afirma que los imputados se habrían valido de su condición de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Almonte para adoptar una decisión arbitraria comprando una empresa deficitaria, entregando a cambio bienes inmuebles y una cantidad dineraria que en su valoración superaba con mucho el valor real de la entidad adquirida".
También reconoce este auto, ha proseguido el portavoz popular, "que no se siguió la tramitación administrativa prevista por la legislación y a sabiendas de ello", así como que esta actuación "le habría generado al resto de imputados, es decir a los vendedores, un beneficio económico, resultando perjudicado el ente público, es decir, el Ayuntamiento".
A su vez, el auto describe que existe "una ausencia total de los requisitos de los procedimientos legalmente previstos para la conclusión de este tipo de contratos", según ha indicado el portavoz.
Por todo ello, el popular ha subrayado que "queda claro que estas 18 personas anteriormente imputadas pasan a ser desde el día de ayer acusados y procesados por los delitos más graves que puede cometer un representante público", por lo que ha pedido al PSOE de la localidad que "pida públicamente la dimisión de los cuatro concejales que en la actualidad forman parte del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte".
Asimismo, le ha reclamado que si los acusados se negaran a dimitir de sus cargos, se les abra expediente disciplinario y se les expulse de la disciplina del PSOE porque, si no es así, "estaríamos hablando de un PSOE en Almonte, y en la provincia de Huelva, manchado por la sombra de corrupción y quien tendría que dimitir por su incapacidad manifiesta sería la actual secretaria general, Rocío Espinosa".
