La alcaldesa de Aguadulce (Sevilla), Isabel Ortiz (PSOE), ha formalizado este lunes, en el marco de un pleno extraordinario convocado expresamente para la ocasión, su cese en el cargo y su incompatibilidad con su acta de concejal, como consecuencia de la sentencia firme que le condena por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística. La sentencia, dictada en 2011 y ahora recientemente por la Audiencia Provincial, le condena a una pena de ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros.
Jesús González Sánchez, portavoz municipal de IU-CA, ha informado a Europa Press de que fue el pasado jueves cuando al Ayuntamiento de Aguadulce le fue notificada la mencionada sentencia. Este fallo judicial de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, en concreto, rechaza el recurso de apelación de la alcaldesa y confirma plenamente la sentencia emitida en 2011 por el Juzgado de lo Penal número cuatro, condenándola a ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística. La sentencia de la Audiencia Provincial, esta vez sí, es firme.
PLENO EXTRAORDINARIO
A tal efecto, fue convocado un pleno extraordinario para este mismo lunes en el que la alcaldesa, según Jesús González Sánchez, habría anunciado su cese a cuenta de la mencionada sentencia. "Se ha ido tal y como llegó, sin dignidad, porque ha despachado el pleno en tres minutos y medio y sin dar la palabra a la oposición", ha dicho González Sánchez. Isabel Márquez, por parte del PP, ha criticado igualmente que las fuerzas de oposición no hayan podido intervenir durante la sesión plenario y ha lamentado que la alcaldesa no haya dimitido antes de forma voluntaria.
Mientras el primer teniente de alcalde, el socialista Juan Jesús García Díaz, asume ahora la Alcaldía de manera provisional y sería inicialmente la persona elegida por los socialistas para relevar a Ortiz, debe ser convocado un nuevo pleno extraordinario para escoger a la nueva persona que ostente la Alcaldía en este municipio gobernado por el PSOE por mayoría absoluta.
LA ALCALDESA NIEGA CORRUPCIÓN
La alcaldesa, en declaraciones a Europa Press, había negado que esta condena respondiese a un caso de "corrupción". "Me condenan por dar una licencia para la ampliación de una granja de pavos. Aquí no hay dinero ni cosas raras", manifestaba con sorna. Y es que, por lo que a ella respecta, "soy una ama de casa en paro y tengo tres hijos. Tendré que buscarme las habichuelas". De cualquier manera, señalaba los hechos por los que ha sido condenada y negaba cualquier práctica de "corrupción".
La sentencia de la Audiencia Provincial, de cualquier modo, considera que, al conceder la licencia en cuestión, la alcaldesa era "perfectamente consciente" de que el proyecto de actuación en cuestión contravenía la disposición transitoria primera del Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de Ordenación de la Avicultura de Carne, con lo que se trataba de una licencia "claramente contraria a la legalidad urbanística".
"La alcaldesa acusada era perfectamente consciente de esa regulación, pues admite haber leído antes de otorgar la licencia los informes técnicos, que indicaban claramente la que hubiera sido la forma correcta de actuar", señala la Audiencia Provincial.