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19/05/2024  
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Casi el 40% de la población andaluza vive ya en el “círculo de la pobreza”

La Red de Lucha contra la Pobreza demanda un gran pacto de Estado

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Casi el 40 por ciento de la población andaluza vive ya en el “círculo de la pobreza”, una situación que afectaría a 3,5 millones de personas.

 Según los datos ofrecidos hoy en rueda de prensa por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), la Comunidad autónoma ha pasado en un año de ocupar el quinto puesto del ránking español al primero, desbancando a Extremadura, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

 Según Rodrigo Gómez, coordinador de EAPN-A en Cádiz, esto significa que “uno de cada cuatro pobres españoles es andaluz”, un dato que toma como base la denominada tasa Arope, que complementa la medición de la pobreza con factores de renta, privación material severa y baja intensidad del trabajo.

 Gómez entiende que ante esta situación no cabe “echar balones fuera”, denunciando la existencia de una “responsabilidad política” en un asunto que requiere precisamente de “voluntad” para invertir una tendencia que se advierte es muy negativa.

 En concreto, y según el informe titulado ‘Pobreza 3.0. La Pobreza Avanza’, que ha sido elaborado por esta organización coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 38,6 por ciento de la población andaluza convive ya con la pobreza.

 Le siguen Canarias (38,2), Castilla-La Mancha (35,5) y Extremadura (35,2); encontrándose en el lado opuesto Navarra (13,1), País Vasco (16) y Asturias (17,4).

 El informe elaborado por EAPN-A sólo aporta un dato positivo, que es el relativo a la evolución de la pobreza relativa en menores de 16 años, que según el INE se redujo en 2012 en un 0,6 por ciento en la población española producto, según la organización, del incremento de las partidas presupuestarias destinadas a atender estas situaciones.

 Gómez ha advertido además del problema al que debe hacer frente día a día “más de la mitad” de la población andaluza, que no dispone de capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.

 Además, se da la circunstancia de que Andalucía lidera la lista de ejecuciones hipotecarias, siendo también la tercera Comunidad autónoma en número de desahucios.

 El documento elaborado por EAPN-A se hace también eco del último informe PISA, que constata que la región ocupa uno de los puestos más bajos en competencia educativa.

 Según el colectivo, ello es consecuencia directa del hecho de que el 66 por ciento de los niños andaluces no tengan acceso a algún recurso educativo.

 El informe advierte además de que la pobreza tanto en Andalucía como en España es “de última generación”, ya que “se reinventa y avanza a través de nuevas formas de privación”.

 Mientras tanto, critican que el Gobierno siga “apostando por medidas de austeridad en el ámbito social”, lamentando que la tasa de cobertura en el Estado haya alcanzado “la cota más baja” desde el inicio de la crisis.

 EAPN-A denuncia a este respecto la “incongruencia” que supone que el recorte “más pronunciado” de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 se produzca en servicios sociales (-36 por ciento), frente al “alarmante” aumento de la dotación económica destinada a Innovación Militar (+39,6).

 Además, se recuerda que el Gobierno anunció en la reforma de la Ley de Educación la potenciación de la Formación Profesional como alternativa para los jóvenes con dificultades para completar la Educación Secundaria y ahora la dotación destinada a ambas etapas educativas se recorte en un 7 por ciento.

 Ante esta situación, la Red aboga por “dar prioridad a la reducción de la desigualdad y la pobreza” en los PGE, “estableciendo objetivos sociales ambiciosos que garanticen que las políticas económicas contribuyan a estos y que los derechos sociales no estén sujetos a los vaivenes de la libertad de mercado y a los cambios demográficos”.

 También se exigen “protección a la infancia”, un Pacto de Estado “que permita separar el color político de la inversión básica para los mecanismos sociales de primera necesidad” y un combate “decidido” de la evasión y el fraude fiscal, “poniendo fin a los paraísos fiscales”.

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