El Partido Popular ha pedido a la juez que instruye el caso de los los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, que requiera a la Junta de Andalucía que le remita "de manera inmediata" dos acuerdos de Consejo de Gobierno adoptados en julio y diciembre de 2011 sin informes favorables de la Intervención General por los que aprobaban fondos por valor cercano a los 126 millones de euros para refinanciar las pólizas de seguro a favor de los trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz).
Así lo ha anunciado este jueves en Motril (Granada) la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, quien ha precisado que en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado lunes se denuncian estos dos acuerdos que otorgaron, en el citado año, sendas ayudas de 65 millones y 61 millones de euros a los trabajadores de Delphi, "a pesar de que en un caso no había informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta y en el otro el informe de la Intervención era contrario a la tramitación del ERE de Delphi".
Martínez ha explicado "que ambos acuerdos, fechados el 12 de julio de 2011, y el 7 de diciembre de 2011, están firmados por el presidente de la Junta, José Antonio Griñan, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, pero no se publicaron el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a pesar de su cuantía".
Según ha detallado, "el acuerdo de 7 de diciembre de 2011 autoriza la refinanciación de la póliza de seguros a favor de los trabajadores de Delphi por importe de 60.949.612 euros y encomienda su gestión a la Agencia IDEA a pesar de la existencia de un informe de la Intervención contrario a la tramitación del ERE de de Delphi, puesto de manifiesto en informe de fiscalización de disconformidad firmado el 15 de noviembre de 2011 por la interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos Ortiz".
Alicia Martínez afirma que la interventora "firmó un informe advirtiendo de graves irregularidades en un ERE de 61 millones de euros, el cual trasladó por los cauces reglamentarios al viceconsejero de Empleo, y éste a su vez a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y ésta al Consejo de Gobierno, que conoció tales ilegalidades". "A pesar de ello el Gobierno andaluz acordó tramitar la póliza con el informe de intervención en contra", ha criticado.
Según ha agregado, en dicho informe se somete a fiscalización la propuesta de resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, por la que se autoriza la refinanciación de la póliza de seguros suscrita en mayo de 2010 con Generali España a favor de los extrabajadores de Delphi y se encomienda a IDEA la tramitación.
La dirigente popular señala que este informe de disconformidad subraya que tiene efectos suspensivos por las deficiencias que expone y pone de manifiesto "el cúmulo de irregularidades, la falta de expedientes de cada trabajador, y la inclusión de siete personas que no deberían figurar en la lista de prejubilados, dos porque estaban en otras empresas y otras cinco personas que se consideran intrusos en los listados".
El otro acuerdo de Consejo de Gobierno autoriza a la Consejería de Empleo la refinanciación de la póliza de seguros a favor de los extrabajadores de Delphi por importe de 64.800.981 de euros "sin que conste el correspondiente informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Asimismo, autoriza a la Agencia IDEA la tramitación de su pago y seguimiento con plazo hasta el 21 de marzo de 2022". Alicia Martínez afirma que estos acuerdos demuestran que "el dinero de los ERE, en este caso el de Delphi, se utilizaban por el Gobierno andaluz para comprar la paz social, sin procedimiento, saltándose los controles de intervención, a pesar de que señalaban la presencia de intrusos y advertían de la falta de justificación".
Ha destacado, además, que los acuerdos son de finales de 2011 "cuando ya había estallado el caso de los ERE y el mayor conflicto laboral de Andalucía amenazaba con estallar justo antes de la última elecciones autonómicas, que ganó el PP y en las que el PSOE tuvo un castigo importante".
En el este escrito remitido al Juzgado, el PP solicita que se requiera al Consejo de Gobierno que remita de manera inmediata los expedientes completos, indexados, que se tramitaron para adoptar los dos acuerdos del Consejo de Gobierno de 12 julio 2011 y 7 diciembre de 2011.
La Junta lo niega
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha asegurado que es "absolutamente falso" que la Junta haya aprobado pólizas para los extrabajadores de Delphi "con informes en contra de la Intervención" o que esas pólizas "presentes irregularidades".
De esta forma, fuentes de la Consejería han indicado que "lo que se aprobó en Consejo de Gobierno cuenta absolutamente con la conformidad de la fiscalización de la Intervención de la Junta".
Fuentes de la Consejería han asegurado a Europa Press que "es absolutamente falso" que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán aprobara pólizas con "irregularidades", como asegura el PP, que ha presentado un escrito en los juzgados donde denuncia dos ayudas de 126 millones a los trabajadores de Delphi con informe contrario de la Intervención.
Las fuentes han explicado que "se trata de dos pólizas que por su cuantía obligan a que la refinanciación fuera aprobada por Consejo de Gobierno", de forma que, según ha asegurado, "se formularon con las garantías necesarias para que solo fueran beneficiarios de esas pólizas los trabajadores que cumplían con todos los requisitos".
De esta forma, tras asegurar que no hay ningún intruso ni ningún irregular en esas pólizas, la Junta ha aseverado que son pólizas contratadas "para garantizar el derecho de personas que cumplían con los requisitos y con derechos reconocidos" y agrega que dichas pólizas "cuenta con el informe de fiscalización de la Intervención de la Junta".
La Junta ha explicado que una de las pólizas "tiene el informe de conformidad de la Intervención de julio de 2011", mientras que la segunda póliza "fue objeto de un informe de fiscalización con disconformidad en algunos aspectos de 15 de noviembre de 2011", de forma que "con posterioridad, el 24 de noviembre de 2011, la Dirección General de Trabajo de la entonces Consejería de Empleo emite un informe sobre las actuaciones solventadas contempladas en el informe de disconformidad, y posteriormente, el 29 de noviembre de 2011 se produce un informe de conformidad de la Intervención General". "Hubo subsanaciones que hacer, se hicieron y en 14 días se efectuó la corrección", han agregado.
