El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha iniciado acciones con vistas a llevar a cabo actuaciones judiciales contra el acta de la sesión ordinaria de Claustro que aprobó la modificación de la Comisión de Proyectos Normativos, que decide sobre aspectos fundamentales del funcionamiento de la sede académica y que, entre otros puntos, tiene en estudio la modificación del reglamento de estudiantes en lo referente al paro académico o una propuesta para cambiar el sistema de elección del rector.
Aunque la idea primitiva de los alumnos era la de interponer un recurso de alzada ante el Rectorado, el portavoz del Cadus, Alfonso Torres, ha confirmado a Europa Press que dicha iniciativa "no es posible", por lo que en principio la decisión sigue adelante y, por tanto, "buscamos un letrado que nos lleve la causa".
Esta ofensiva legal se acometería contra lo que los alumnos de la Hispalense consideran un proceso "torticero", según el cual el cambio, que "a priori ha pasado desapercibido", consiste en la modificación de su constitución, de tal forma que se le da más preponderancia y representación al Sector A de profesores permanentes.
Así, se presentaron alegaciones con las cuales se buscaba evidenciar que en el Claustro "hubo personas que dijeron que las cosas se estaban haciendo mal, incumpliendo preceptos legales, a pesar de lo cual en las actas claustrales no quedó reflejado, pese a que era una primera consideración".
Los estudiantes también empezaron un proceso de diálogo con otros sectores para alcanzar consenso. Al respecto, la resolución no afecta a la representación del alumnado --se mantienen sus cuatro miembros--, si bien supone, a juicio del Cadus, la ruptura del "equilibrio" imperante hasta ahora, ya que la equidad en la composición hacía necesario el consenso de al menos tres sectores para sacar adelante las propuestas, mientras que ahora sólo se precisa del acuerdo de dos.
Para el órgano, esta medida implica la pérdida del potencial poder decisorio del estudiantado, al margen de "incumplir" el procedimiento administrativo con una actuación que entienden como "ilegal" e "ilegítima".
