Ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Jaén se han dirigido oficialmente a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio para comunicarles qué pasará a partir del próximo martes. Ni una carta y por su puesto ningún mensaje a las empleadas, que se encuentran en la misma situación que los 429 afectados. Manuel Ortega, un vecino de la capital que tiene 86 años y que hace unas semanas manifestaba su preocupación en VIVA JAÉN, asegura que nadie se ha puesto en contacto con él desde que el Ayuntamiento decidió renunciar a prestar el servicio a partir del 3 de diciembre. “Lo único que sé es lo que leo en los periódicos, que la consejera ha dicho que no nos va a faltar la ayuda, pero no sé cómo lo van a hacer ni quién”, explica. Manuel vive con su esposa Dulcenombre Cabrera, de 81 años, enferma de alzheimer y con su hijo, Manuel Ortega Cabrera, de 43 años, con síndrome de Down. Sin la ayuda a domicilio que recibe cada día y a su edad asegura que no sabe qué hará.
Mismo discurso
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, dijo ayer, según recoge Europa Press, que esperaba sensatez del alcalde, José Enrique Fernández de Moya, para que el Ayuntamiento siga prestando la ayuda a domicilio. A pesar de ello y en caso de que no fuera así, volvió a insistir en que la Junta no dejará sin atención a nadie, aunque al igual que la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, no precisó de qué modo se hará cargo del servicio, toda vez que no existe ningún convenio firmado con la empresa que actualmente lo presta, Multiservicios Jabalcuz y a quien la Agencia de la Dependencia les dijo el pasado martes, que todo seguiría igual a partir del martes, según informó a este periódico el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla.
“Iremos viendo los acontecimientos", dijo la delegada a cuatro días hábiles de la fecha señalada. En este sentido informó de que está poniendo a disposición de la Fiscalía “toda la información requerida” tras abrir de oficio diligencias informativas por este conflicto, cuando el fiscal jefe, Carlos Rueda, informó a este periódico que el pasado viernes habían recibido la información de las administraciones.
“Dado que la ayuda a domicilio se trata de un servicio básico comunitario, las competencias las tiene la administración local, algo que se recoge en el Estatuto de Autonomía, en la Ley de Servicios Sociales, independientemente de quién financie, que en este caso es el Estado y la comunidad”, recordó.
E insistió: “Yo espero sensatez y espero responsabilidad del alcalde y que siga atendiendo esa competencia y a las personas que necesitan esta ayuda”.
