El presidente de la asociación de trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), Manuel Granado Pérez, ha asegurado en su declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya que creía que el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas "era un representante de la Junta".
Manuel Granado ha comparecido por espacio de 90 minutos ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que le ha imputado tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según fuentes del caso consultadas por Europa Press.
En su declaración, el imputado ha puesto de manifiesto que él pensaba que Lanzas "era representante de la Junta" y ha asegurado que creía que la inclusión de varios trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna en la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales "era legal". "Pensé que el dinero era legal porque venía de la Junta de Andalucía", ha llegado a asegurar.
Al hilo de ello, Manuel Granado ha señalado que su actuación consistió en firmar los documentos que le iban entregando, añadiendo que fue haciendo lo que le indicaron, "fundamentalmente", Juan Lanzas y el extrabajador de Vitalia Jesús María Bordallo.
La juez considera que Juan Lanzas montó en un autobús a los trabajadores de Matadero que no podían acogerse al ERE al estar en paro --de hecho, la prestación por desempleo "estaba a punto de acabárseles"-- y los llevó a Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, que los dio de alta "con contratos falsos" para poder cobrar la póliza.
ANTICORRUPCIÓN PIDE UNA FIANZA CIVIL DE 17.000 EUROS
Cuestionado por este aspecto, el encausado ha dicho que creía que los montaron en el autobús para realizar "un curso de formación", según las fuentes consultadas.
Al término de la declaración, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el imputado una fianza de responsabilidad civil de 17.000 euros más el tercio legal correspondiente.
También comparecerán este jueves como imputados ante la juez la esposa de Manuel Granado, Florencia Romero Valdivia, que habría percibido hasta 158.000 euros tras ser incluida como 'intrusa'; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y "posible conocido de Lanzas" que cobró 120.000 euros, y el tesorero de la asociación, Domingo Valle Prieto, quien firmó las pólizas en nombre de la asociación junto a Manuel Granado y que habría recibido de manera fraudulenta más de 17.000 euros.
