La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto retomar a partir de este lunes el juicio a policías nacional acusados de presuntos abusos sexuales a mujeres del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital malagueña. Así, la vista oral continuará con la declaración de testigos, algunos de ellos también agentes del mismo cuerpo policial.
El juicio comenzó el pasado mes de octubre con las cuestiones previas y la última sesión celebrada hasta ahora fue el pasado 6 de febrero. Así, para este lunes está previsto que declaren cuatro testigos. Según las previsiones hasta ahora, la vista oral continuará los días 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18 y 24 de marzo y los días por determinar.
Los hechos investigados sucedieron entre junio y julio de 2006. El fiscal pide en total 27 años de prisión para los cinco procesados. Según su escrito provisional, los acusados organizaron en el CIE en los turnos de trabajo de madrugada "cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los agentes".
Asimismo, esta acusación pública apunta que "se intimaba con las internas, a las que se les invitaba a asistir a cambio de comida, bebida, tabaco, regalos o usar el móvil", al tiempo que se indica que se creaba un "ambiente relajado de disciplina" que "los procesados buscaban para luego, si llegaba el caso, satisfacer su ánimo libidinoso con las internas".
En este ambiente, señala el ministerio público en sus conclusiones iniciales, supuestamente llegaban a mantener, en algunas ocasiones, relaciones sexuales. Se considera que los acusados actuaron "prevaliéndose de su condición de policía" y se pone de manifiesto que se habría concretado la existencia de ocho actos con trascendencia penal.
En algunos casos, los agentes se dirigieron a las internas, testigos protegidos en la causa, y "se les insinuaron sexualmente", con caricias, rechazando siempre éstas la situación, según se precisa en el escrito de calificación. Otras veces, presuntamente llegaron a tener relaciones sexuales a las que las mujeres habrían dado "su consentimiento por la condición de autoridad" de los procesados.
La Fiscalía de Málaga acusa a los procesados de delitos de abuso sexual con consentimiento viciado, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la supuesta participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los 10 años de cárcel. Todos los acusados han negado los hechos.
El responsable policial que se encargó de la investigación declaró que se encontró "un hilo conductor coherente" en las declaraciones de las mujeres; apuntando que "todo lo que aparecía en esas manifestaciones se intentó comprobar". Una interna aseguró en el juicio que la mujeres aceptaban ir a fiestas y, a veces, mantener relaciones porque si no lo hacían "no nos trataban igual".
Por su parte, una limpiadora del CIE compareció y dijo que ella no vio nada extraño en el tiempo que estuvo trabajando allí, a donde acudía los fines de semana, insistiendo en que no se encontró ni preservativos ni restos de fiestas o alcohol en las dependencias. También declaró otra limpiadora, que dijo no recordar bien lo sucedido.
Asimismo, el que fuera jefe de grupo de los agentes acusados, que fue detenido inicialmente pero quedó fuera del proceso, aseguró que en el interrogatorio que le hicieron cuando fue arrestado sufrió "acoso" y "tales coacciones" que "hubiera firmado cualquier cosa".
